Apuntes sobre la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (II)

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Parte I: Sobre sus integrantes

Parte II: Sobre sus propuestas.

La Plataforma presentó formalmente una propuesta con reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos referentes al carácter los comités cívicos, al cambio del régimen de representación, al acceso igualitario a medios, al financiamiento electoral y a la potestad del Tribunal Supremo Electoral de realizar una nueva convocatoria electoral. Para poder crear interpretaciones y juicios de valor hay que entender las reformas de la Plataforma como coyunturales, reformas superficiales que le dejó una mayor labor a las mesas de trabajo y no por haraganería sino por rapidez. Una vez entendidas como reformas inmediatas se tienen que evaluar desde la mirada del momento histórico, de lo contario, todo juicio de valor sería injusto. Tampoco quiere decir que no pudieran ser mejores para el mismo momento y la misma intención, por eso se pretende hacer una revisión crítica de lo presentado, sus alcances y sus límites.

Como primer punto se disolvieron los Comités Cívicos en su carácter pasajero, pues su vigencia era inherente a la duración del proceso electoral en las que fueron creados. Acto seguido se le dio forma distrital o municipal a los Comités. Para constituirse como Comités Cívicos Distritales necesitan como mínimo el 3 por millar del total de empadronados del distrito correspondiente y que los afiliados pertenezcan a la delegación o subdelegación correspondiente del Registro de Ciudadanos. Dichos Comités Cívicos distritales podrán postular candidatos a diputados para el Congreso de la República y una futura Asamblea Nacional Constituyente en el distrito electoral correspondiente. Los Comités Cívicos Municipales se deben conformar con los mismos requisitos de los Comités Distritales con la diferencia que su potestad de candidaturas reside en postular candidatos para integrar Corporaciones Municipales y que quedarán disueltos automáticamente sin necesidad de declaración alguna sino alcanzan el porcentaje mínimo de votos válidos establecidos (5%).

El segundo punto hace referencia al régimen de representación, consiste en que los Partidos Políticos o Comités deben incluir en sus planillas de postulación de forma igualitaria a mujeres indígenas y ladinas o mestizas y hombres indígenas y ladinos o mestizos en forma proporcional a la composición del distrito electoral. El orden de postulación deberá de alternarse entre mujer y hombre (o al revés) para lograr una participación igualitaria. Las dudas clásicas giran en torno a que no necesariamente el género representa y que la dificultad de determinar el origen étnico del candidato puede permitir una usurpación de identidad con tal de optar a una candidatura. Sin embargo, las dudas de la estructura de este punto son más profundas porque le da preponderancia de representación al género antes que al origen étnico. Y haciendo una revisión de conceptos, el género no está ligada intrínsecamente a una ideología (está se construye por la particular forma de entenderse y entender el mundo que se habita). De todas formas en un país estructuralmente machista, la alternancia por género es una ganancia democrática más que una pérdida de la meritocracia. Aunque en realidad y contenido, una u otra, en este momento no reconfiguran para bien o para mal el sistema de partidos clientelar de Guatemala. Mientras que el origen étnico es más complejo porque es inherente a una serie de características que bien podrían ser representadas en un parlamento, tales como: un origen en común, la visión del mundo, origen racial, costumbres, formas propias de organización social, tradiciones, etc. Sin embargo, su debate (al igual que el de la alternancia) puede ser profundizado en reformas posteriores y no coyunturales, en este momento, la representación por etnia es un tema complejo, una reivindicación histórica y una necesidad democrática.

El tercer punto versa sobre la distribución equitativa de espacios y tiempos en los medios de comunicación masivos. El Tribunal Supremo Electoral tendrá que enviar a los Partidos y Comités Distritales dos semanas antes de la convocatoria el Plan de Distribución de Espacios y Tiempos de Propaganda. Para los efectos del monitoreo y fiscalización por parte de la Inspección General y la Dirección Electoral, el Tribunal suministrará a los fiscales de cada Partido los certificados vales que correspondan y que deberán ser entregados al medio de comunicación utilizado. Los espacios y tiempos planificados y asignados serán los únicos que los Partidos, Comités Distritales y Coaliciones Políticas podrán utilizar, quedándoles prohibido cualquier incremento de su presencia en audiencia pública. El problema es que este apartado no explica cómo se pactan las horas en que se publicitará cada organización política, generando conflictos entre Partidos o Partidos y Tribunal, o peor, negocios paralelos al Tribunal entre Partidos y Medios para ser beneficiados en horas “pico”.

El cuarto punto es la propuesta referente al financiamiento. Comenzó siendo ideal, se pretendía eliminar todo tipo de financiamiento privado, pero después de una serie de argumentos se expuso que eliminar el financiamiento privado no permitía el surgimiento en igualdad de condiciones de los nuevos Partidos Políticos y Comités Cívicos Distritales y Municipales. Ya que el financiamiento público sería sobre el total de votos válidos recibidos de los Partidos que alcanzaron el porcentaje mínimo o una diputación en las elecciones del 2011. Lo que es cuestionable porque se podía crear un artículo transitorio que explicara que los nuevos Partidos Políticos y Comités Distritales y Municipales creados para las próximas elecciones inmediatas partirían de un financiamiento público igualitario al de los Partidos Políticos ya existentes por razones excepcionales.

Finalmente se presentó un financiamiento mixto que consiste en que el financiamiento privado que reciba determinado Partido Político o Comité no podrá exceder en ningún caso del 30% del monto total que del financiamiento público le corresponda y con la particularidad de que todo capital privado se destinará a un fondo público para rastrear el origen del capital y como se le distribuirá al partido que ha sido beneficiado con la donación. Sin embargo, no se establece un límite a la contribución privada por persona o entidad privada dentro del 30% que se ha establecido de financiamiento privado sobre el techo del financiamiento público. Haciéndolo se evita que una entidad o persona compre voluntades, candidaturas o cargos por haber financiado predominante y mayoritariamente ese 30%. Por ejemplo: estableciendo no más del 50% del 30%. Si el techo del financiamiento público es de un millón de quetzales, el 30% sería trescientos mil quetzales. Entonces, el objetivo es que sobre esos trescientos mil quetzales que serían de financiamiento privado ninguna persona o entidad privada pueda dar más del 50% de ese financiamiento, que en este caso significa que ninguna persona o entidad podría dar más de ciento cincuenta mil quetzales a un Partido Político o Comité (varía según el monto).

Por último, se creó un artículo transitorio sobre la reforma al decreto de convocatoria electoral que trasladaba las elecciones generales para el segundo domingo de Noviembre del 2015. Personalmente y después de leer varios análisis sobre la legalidad del aplazamiento elecciones, el debate sobre su carácter constitucional sigue siendo a ley del abogado: donde hay dos abogados, hay tres opiniones. Faltó profundidad porque la información de cada postura se recibía de forma diferenciada, por lo que pudo ser de mucha ayuda un intercambio de posturas contrarias en un mismo espacio para poder resolver dudas y llegar a una conclusión. En mi concepción, se podía evocar el espíritu inalienable y supremo de la Constitución: la soberanía radica en el pueblo. Por tanto, la decisión de aplazar o no, un proceso electoral lo podía decidir la población en elecciones abiertas. Pero el reducido tiempo tampoco lo hacía posible.

 

Continuará…
Parte III: Sobre su futuro.

 

Imagen tomada de Publinews Guatemala.

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Luis Guillermo Velásquez

Latinoamericano y estudiante de Ciencia Política. Concibo en la política desde su enfoque científico y filosófico, los pilares del estudio de la problemática nacional desde una perspectiva histórica y coyuntural.

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