¿Ciudadanía de la niñez y adolescencia?

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Myrella SaadehPor Ana Myrella Saadeh Rivera

En este día y mes patrio, propicio para repensar nuestra guatemalidad, nuestra ciudadanía, y la de aquellos y aquellas que inundan las carreteras y calles de las ciudades capitalinas y del interior del país, los niños, niñas y adolescentes que desfilan, que marchan con tambores, timbales, a pie, en carrozas, gritando desde un día antes, antorcha en mano: ¡Soy guatemalteco, soy independiente!

A pesar de que ellos y ellas son los principales actores de la celebración patria, ¿se puede hablar de ciudadanía de la niñez y adolescencia? Según la Constitución Política de la República de Guatemala, no. En su artículo 147, la Constitución establece que sólo los mayores de 18 años son ciudadanos.

En el artículo 1 se establece que el Estado se organiza para velar por el bien común de las personas y familias del territorio guatemalteco. Nuestra Constitución Política nos define como ciudadanos y portadores de derechos individuales, sociales, cívicos y políticos. Incluso, declara a los adultos como ciudadanos que gozamos de todos los derechos humanos, pero al revisarla más detalladamente, los derechos mejor desarrollados son los políticos y de participación ciudadana para optar a cargos de elección popular.

Dentro de esta amplia gama de derechos, establece los derechos a la salud, a la educación y a la protección, que se aplican principalmente a la niñez, tal y como lo hacen otras leyes secundarias como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y los convenios y protocolos que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado, que buscan garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país.

A partir de lo anterior, al hablar en términos de derechos, tácitamente declaramos la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes, pues a pesar de que las leyes no los acreditan como ciudadanos por no tener 18 años, al reconocerlo como sujeto de derechos les asigna la categoría de ciudadanos plenos.

Frente a esta confusa declaratoria de ciudadanía, la realidad nos devela una situación de total descuido y abandono de este sector de población, de negación del ejercicio de derechos y, por lo tanto, de negación de su ciudadanía: niñez fuera del sistema escolar, que no disfrutan de una calidad educativa digna; fuera del sistema de salud, que se refleja en indicadores de desnutrición y mortalidad que permiten proyectar que faltan muchísimos años para alcanzar los objetivos del milenio; con altos niveles de violencia física, emocional y sexual que pareciera no tener un límite.

El abuso sexual es peste en Guatemala y el incremento de embarazos y partos de niñas y adolescentes refleja la visión de objeto de placer sexual que sobre las mujeres se tiene, sin importar su edad. De esa cuenta en los primeros cuatro meses de este año se reportan más de 20,000 embarazos de niñas y adolescentes, muchos de ellos productos de violaciones sexuales, lo cual ensombrece su presente y su futuro.
Acciones estatales de violencia del ministro de gobernación en el último semestre del 2012, quien reprimió con la fuerza especial de antimotines a los y las estudiantes normalistas del país, simplemente porque estos quisieron hacer valer su derecho a la organización y opinión sobre un tema de su interés: el futuro de la carrera magisterial. Los y las estudiantes fueron tratados como si hubieran sido delincuentes peligrosos.

Tristemente, al ritmo que va nuestro país y con esta falta de intención estatal, tampoco cumpliremos las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos (Examen Periódico Universal) ni las del Comité de Derechos del Niño al Estado de Guatemala (relativas a los informes de cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño), a pesar que las instancias estatales se esmeran en presentar informes con avances positivos.

El principal indicador económico de incumplimiento se refleja cuando los sucesivos gobiernos no refrendan con inversión la declaratoria de derechos: al 2013, el Estado guatemalteco invirtió diariamente en educación, salud y protección por cada niño/a Q5.30 diarios, y en estos mismos rubros, Q1.27 diarios por cada adolescente.

Entonces, ¿es posible hablar de ciudadanía de la niñez con esta permanente violación de sus derechos humanos?

*Psicóloga de formación, guatemalteca de corazón, rebelde y revolucionaria por elección. Apasionada de la defensa de los derechos de la niñez, desde donde se me ha convertido en obligación la investigación, la comunicación y la sensibilización. 

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