¿Cuál Ingenio?

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El 22 de mayo el medio digital “El Independiente” publicó un editorial llamado: “A donde va a morir el ingenio”, en el que se responde a las críticas que algunos hiciéramos en Twitter a la manera opaca y posiblemente antitécnica en que se construyó la Villa Alterna Sur (VAS).

Argumenta el editorial que no debe cuestionarse lo que los individuos hacen con sus propios recursos, que el Estado no debe ser el único que provea servicios como el de carreteras, que el negocio en cuestión no es una privatización, que el individuo puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, y que no deberíamos preocuparnos por potenciales consecuencias adversas porque estas siempre existirán para todo.

Como estas posiciones son más filosóficas que técnicas no habría manera de desvirtuarlas categóricamente. Sin embargo, sí sería posible cuestionar la exactitud de las premisas. Por ejemplo, como la VAS atraviesa bienes del dominio público (ríos) no puede argumentarse que el individuo (¿fue un individuo?) la haya construido con sus propios recursos. Si el dueño de la VAS utiliza bienes del Estado, debió haber recibido una concesión o un usufructo, ambos formas de privatización.

La razón de ser de las regulaciones en el mundo entero es evitar que el principio universal de “el individuo puede hacer todo aquello que la ley no prohíba” se interprete como “el individuo puede hacer todo lo que le dé la gana”. De ahí que las sociedades suelan considerar las consecuencias adversas de cualquier proyecto de utilidad pública bastante más allá de un intelectualmente ofensivo shit happens.

No hay diferencia de opinión con el editorialista sobre la certidumbre de consecuencias adversas derivadas de las acciones de otros, pero sí en cuándo y cómo deben estas mitigarse. Algunos creemos que las consecuencias adversas deben prevenirse por medio del diseño y la regulación, mientras que el editorialista considera que deben castigarse ex post facto.

Diferencias filosóficas aparte (que el lector sabrá cotejar con la realidad y su experiencia personal), el verdadero propósito de esta columna es responder a la pieza central del editorial que dice: “pretender que el Estado regule todo lo que hacemos es cavarle una fosa al ingenio humano”. Y es que es necesario responder a este cuadro trágico porque para haberlo pintado el editorialista tuvo que haber estado convencido primero de que alguien pretende que el Estado lo regule todo, y segundo, que hay un ingenio por ahí que vale la pena salvar.

Independientemente de qué tan poco serio pueda parecer que alguien piense que uno cree que es posible que el Estado lo regule todo, ¿Es la intención del editorialista insultar la inteligencia del crítico o fabricar el argumento opuesto de que el Estado no debe regular nada? De ser este último el propósito, ¿pretende el editorialista llevar el argumento del crítico a un extremo (que no existe) de tal manera que se neutralice con el suyo (que tampoco existe) para manufacturar así un empate artificial que mantenga el status quo?

Sugiere el editorialista al invocar indirectamente los Artículos 2 y 4 de la CPRG que la verdadera solución radica en un sistema de justicia funcional. Imposible no admirar su respeto por la Constitución y no estar de acuerdo con tan noble posición, pero no era ese el punto de la crítica sino la regulación de quién, cómo, dónde y con qué dinero se construyen las carreteras.

Habría ayudado mucho en el debate el que el editorial hubiera hecho referencia al bien común, la razón de ser de las constituciones y un elemento central de obras de utilidad pública como una carretera; o que por lo menos hubiera incluido el concepto de carretera. Por lo que se puede inferir, para el editorialista el bien común no solo no existe sino que no debe existir, y  una carretera es poco más que la propiedad sobre la que se echa el asfalto. Esta unidimensionalidad de criterio es congruente con los argumentos del editorial, pero no puede decirse que convenza sobre la no existencia del bien común o que sea suficiente para definir “carretera” en el Siglo XXI.

En nuestros días, una carretera es bastante más que la propiedad sobre la que se ubica el asfalto. Dependiendo de quien la vea puede ser un reservorio de tráfico en un sistema vial regional, una barrera socioeconómica, una fuente potencial de litigios, una nueva fuente de contaminación ambiental, un límite geográfico en un plan de ordenamiento territorial, un parte aguas mayor de drenaje, una estructura hidráulica en un plan de gestión de cuencas o una amenaza directa para las especies terrestres y acuáticas cuyos ecosistemas atraviesa.

Cuando se entiende que el concepto moderno de carretera es multidimensional se comprende que la mera existencia de un sistema de justicia eficiente no solucionaría los problemas asociados con adversidades no previstas. No es congruente la posición del editorialista -cuyo respeto a la Constitución admiramos con anterioridad- de pretender solucionar los problemas no previstos (pero previsibles) apelando únicamente al bienestar individual mientras se niega la existencia del bien común, el concepto de mayor jerarquía cuya protección persigue la regulación y que reside en el texto constitucional a unos cuantos pasos de los artículos que garantizan los derechos individuales convenientemente citados.

Concluye el editorial con un ad ridiculum trillado: “…mejor sentémonos a esperar que el Estado nos provea todo”, preguntando al final “¿cómo nos ha ido?”

¿Cómo nos ha ido? Indeed! Pues muy mal, gracias al ingenio humano que no es capaz de concebir una obra de utilidad pública en el Siglo XXI y se aprovecha de la ineficiencia y debilidad de un Estado del Siglo XIX para hacer de las suyas. Así que gracias por la sugerencia, vamos a cavarle una fosa a ese ingenio malévolo.

@ajbarriosm

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Abraham Barrios

Estudiante empedernido de la naturaleza humana y amante de las causas perdidas. Aparte de eso, muy difícil de etiquetar.

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