Del porqué es necesaria la CICIG

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Al presidente de la república se le ha acelerado el pulso y quiere apresurarse a imposibilitar la ampliación del mandato a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). No está solo en su intento. A los deseos de Otto Pérez Molina y su séquito en el gobierno le siguen también los motivos de otros actores, algunos falsos líderes de la oposición, más preocupados por garantizarse impunidad por sus acciones que por ofrecer reales alternativas de progreso para el país.

Como le resultaba muy cuesta arriba decir con valentía que ya no quería a la CICIG, Pérez Molina salió con el recurso fácil de integrar una comisión evaluadora. De esa cuenta pidió al Presidente del Organismo Judicial (OJ), a la Jefa del Ministerio Público (MP), al Ministro de Gobernación (Mingob), que condujeran el proceso que culminará con la decisión de pedir o no la ampliación del mandato más allá de septiembre del presente año.

Desde su llegada al país en el 2007, la CICIG ha sido factor de polémica entre quienes ven en su mandato y presencia una herramienta positiva para superar la impunidad y quienes se sienten amenazados por el alcance de su labor. En el medio, hay sectores que ingenuamente creen que sin la ayuda de dicha instancia es posible remontar la gigantesca montaña rusa que representan las estructuras de impunidad enquistadas en el estado.

Veamos el mandato. La CICIG tiene como objetivos investigar la existencia de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) cuyo actuar delictivo afecta los derechos fundamentales de las y los ciudadanos en Guatemala. Debe identificar dichas estructuras –incluidos los vínculos con funcionarios– sus actividades y modalidades de actuación y operación, así como sus fuentes de financiación.

Al respecto de este apartado, podemos señalar que al haber podido identificar la estructura que comanda el convicto por la ejecución del Obispo Juan Gerardi, el capitán Byron Lima Oliva, ha mostrado que se puede alcanzar dicho objetivo. Byron Lima, pese a encontrarse en prisión, con sus libertades civiles y políticas suspendidas, ha logrado construir un emporio político y empresarial capaz de generarle ganancias millonarias y facilitarle ejercer influencia en la designación de funcionarios en el sistema de seguridad. Los equipos que llevaron a cabo la investigación fueron formados y acompañados por la CICIG.

Un segundo objetivo de la Comisión es contribuir con el Estado en la desarticulación de dichos aparatos. Es decir, a la identificación de los mismos, como ya se ha hecho con la estructura de Lima, le sigue el proceso de desarticulación. Mismo que habrá de avanzar en la medida en que los casos penales se desarrollen y en la medida en que el Estado tenga la voluntad política de desarticularles.

El tercer objetivo del mandato de la CICIG está enfocado a la propuesta de políticas públicas, incluidas reformas legales, cuyo resultado permita la erradicación de los CIACS, mediante la prevención de su reaparición. Una tarea que el mismo Pérez Molina ha intentado sabotear al obstaculizar el proceso de consulta para la formulación de propuestas de reforma.

La lucha contra la impunidad en Guatemala es, efectivamente, una tarea de las y los guatemaltecos. Sin embargo, en las actuales condiciones no es una labor que podamos enfrentar en solitario cuando tenemos a todo el sistema fortalecido y copado por la impunidad. El presidente de la república tiene la obligación moral, política e histórica de solicitar la ampliación del mandato de la CICIG. De lo contrario, su gobierno habrá de ser recordado como el rostro y el puño de la corrupción que cobardemente negó a esta sociedad las posibilidades de vencer al monstruo de la impunidad.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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