Desastres estatales

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Cada vez que un fenómeno natural deriva en tragedia, suele catalogárse como “desastre natural”. No obstante, esa afirmación carece de sustento. En realidad, el desastre que se aprecia en la magnitud de las tragedias que se producen, tiene su origen en actos humanos, atribuibles a quienes tienen la potestad de evitar el daño.

Los eventos naturales no se pueden evitar. Se producen, muchas veces luego de varios indicios que no siempre son atendidos. Ese fue el caso de la erupción del Nevado del Ruiz, en Colombia, en noviembre de 1985. Fueron vanos los esfuerzos de geólogos y expertos de otras disciplinas quienes alertaron a las autoridades e intentaron que los medios de comunicación informaran sobre los riesgos. La sordera fue la respuesta que recibieron. Días después sobrevino la tragedia. El Nevado del Ruiz hizo erupción y provocó aludes que sepultaron al pueblo de Armero. Más de 20 mil, de sus 29 mil habitantes murieron en la tragedia. El desastre lo provocó la negligencia estatal que se negó a tomar las prevenciones indispensables para evitar las consecuencias del hecho anunciado.

Aquí en Guatemala, durante la lluvias intensas del Huracán Stan en 2005, el poblado de Panabaj en Santigo Atitlán, Sololá, quedó sepultado en un alud de lodo y piedras del volcán Tolimán. Oficialmente se reportó a mil personas fallecidas. El terreno que ocupó el poblado terminó convertido en un cementerio gigantesco. El gobierno central, en ese entonces presidido por Óscar Berger, tardó cuatro días en hacerse presente en la zona. Las autoridades locales asumieron la atención inicial en el impacto de un hecho, acaecido en una zona de riesgo.

La noche del jueves 2 de octubre de este año, la colonia El Cambray II, en Santa Catarina Pinula, al Suroriente de la ciudad, sucumbió ante toneladas de tierra del cerro que se derrumbó sobre las casi 125 viviendas. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), desde hacía 7 años se había advertido a las autoridades municipales sobre el peligro que representaba la instalación de centros urbanos en el área.

En Santa Catarina Pinula, el alcalde en funciones, Víctor Alvarizaes Monterroso (quien sustituyó a Antonio Coro, alcalde desde 1999), no tenía idea del informe de CONRED. Luego aseguró que la información de la entidad de atención a desastres se refería a los riesgos de deslave por desborde del río pero no por la eventualidad del derrumbe del cerro. La osadía del jefe edil, quien por cierto enfrenta antejuicio por acciones irregulares durante la campaña electoral, es fiel reflejo de la cultura de negligencia que caracteriza a los políticos en el poder.

Es de resaltar que la actitud de la propia CONRED también es cuestionable. No basta con advertir del riesgo a una autoridad. Dadas las experiencias ya vividas, un jefe como el de la entidad que también lleva años en el puesto, debe abandonar la actitud simplona de notificar del riesgo y quedarse a esperar el desastre.

En siete años, luego de la advertencia en 2008, se pudo haber organizado un plan humano de reubicación de las familias. Y es de recalcar el sentido humano puesto que no se trata de llegar y decir a las personas, de la noche a la mañana, que se deben mover de donde han establecido su vida. Se requiere de un proceso que les haga partícipes de la valoración del entorno y de la búsqueda conjunta de soluciones adecuadas. Ese es el ideal de acción en donde nadie se vea tratado indignamente sino reconocido en toda su dignidad.

Ningún fenómeno de la naturaleza es un desastre. El desastre es el modelo social y económico que induce la negligencia del poder político. Ningún pueblo debe morir soterrado por las toneladas de desidia, corrupción e impunidad, como sucedió en Armero, Panabaj y ahora, en El Cambray II.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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