Desmantelamiento continuado

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Las arcas de las entidades de seguridad social suelen ser un botín anhelado por sectores privados en los países donde funciona. Y Guatemala no es la excepción. Sus recursos, provenientes del pago de cuotas patronales y laborales eran codiciados por la magnitud de los mismos. Diversas administraciones llegaron a su conducción para ordeñarlos, en tanto que otras para mover negocios privados que enriquecieron a funcionarios públicos o incrementaron fortunas de proveedores mafiosos.

El caso IGSS-Pisa es tan solo una muestra palpable de esta práctica. La muerte de casi 20 pacientes de insuficiencia renal por el negocio para la prestación de esos servicios es un crimen grave surgido de la voracidad. Funcionarios de la entidad más abogados gestores de negocios y la empresa prestadora del servicio se pusieron de acuerdo para quedarse con dinero del IGSS a cambio de un servicio fraudulento a las y los pacientes.

Una acción criminal que fue posible gracias a que, de hecho, se ha generado un esquema operativo semi privatizado en el seguro. Y pese a dicha experiencia, lejos de encontrar correctivos, ahora se intenta nuevamente crear condiciones para promover la privatización definitiva y quedarse con el botín que representa el IGSS.

La comisión de Previsión y Seguridad del Congreso de la República, presidida por Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala, desarrolla un proceso de audiencias para discutir el régimen de pensiones. La propuesta sobre la mesa pretende que se instale un sistema de capitalización individual gerenciado por entidades privadas. Es una copia de los sistemas de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), cuyo fracaso estridente es señalado en Chile, entre otros países en donde el experimento ha sido un fiasco.

De manera que la afirmación del diputado Álvarez, quien asegura que se trata de “empoderar al trabajador que es quien aporta y no puede decidir dónde ahorra su dinero”, es una falacia. Una mentira típica de quien sirve a los intereses contrarios a los que declara o afirma defender.

A la permanente debacle a la que las administraciones nefastas han sometido al IGSS se suma, entonces, la rapiña oportunista que intenta sacar raja de la insatisfacción de las y los usuarios. Una entidad llamada a ser un beneficio para el sector laboral del país, en manos de la voracidad empresarial privatizadora solo será un botín más.

La evolución del seguro social no es la ruta para privatizarlo. Es, en cambio, el camino para garantizar que su cobertura sea universal no solo territorial sino sectorialmente hablando. La presencia de las y los usuarios del servicio debe estar garantizada, sin cortapisas en la conducción y la gestión institucional sin que sea un privilegio de los políticos de turno o los empresarios voraces la definición de sus políticas institucionales.

Más que buscar espacios por los cuales se pueda colar la ambición de quienes han llevado al país a la debacle, se trata de superar las taras de funcionamiento en la prestación de servicios y eliminar las vías de la corrupción. En ese sentido, en el marco de las discusiones en la sala legislativa corresponde que se ponga freno a la intentona privatizadora que llega de la mano del diputado de Encuentro por Guatemala.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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