Dientes para la SAT

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El fin supremo de la organización estatal es el bien común. Es decir, el Estado, en tanto grupo designado por la sociedad para que administre la cosa pública, existe para procurar el bienestar de todas y todos. No se forma ni se organiza para ser un ente en sí mismo, visión que da lugar a gobiernos autócratas que justifican en razón de Estado crímenes y desmanes. Tampoco se forma y organiza, se supone, para satisfacer intereses y conveniencias de élites poderosas, que a la larga generan inequidades, como en Guatemala.

Ese pacto, que asigna en función del marco jurídico un conjunto de tareas a la administración, conlleva por parte de la ciudadanía, la contribución al funcionamiento estatal. Hay una diferencia de la imposición tributaria en épocas feudales o monárquicas pasadas, que exprimían a la población para enriquecer al  señor del feudo. Esa diferencia es la política retributiva, derivada el pacto social y que consiste en que el Estado gestiona los recursos para la devolución en servicios. Mismos que devienen en derechos tales como el acceso a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, la justicia, el trabajo, las comunicaciones, el entretenimiento.

Merced al control abusivo del poder por parte de las élites económicas, políticas y militares, el Estado guatemalteco no solo llegó a la bancarrota económica sino a la debacle funcional. Ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, ni la justicia, ni la vivienda, ni el trabajo, ni las comunicaciones y mucho menos el entretenimiento son mínimamente funcionales, no digamos satisfactorias.

El achicamiento sostenido por la vía de la reducción y la insolvencia tributaria de los grandes obligados, sumaron año tras año, década tras década, la cauda necesaria para llegar al estado de miseria social en que nos encontramos. Bastaron pocas acciones legales pero suficientemente poderosas para que en tan solo 86 días la tónica de bolsa vacía variara.

De acuerdo con la información oficial de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre el 6 de mayo y el 31 de julio, el estado recaudó 2,121.3 millones de quetzales. De estos, el 65 por ciento se obtuvo por la vía judicial. La intervención de cinco empresas (Aceros de Guatemala, AG Maya S. A., Farmacias Galeno, Hotel Camino Real, Agropecuaria Bellamar) representó ingresos por 1,567 millones de quetzales que, sumados a los 167 de otros casos dan un total de 1400 millones.

La intervención, es decir la toma de control de la empresa por parte de la SAT, es un procedimiento contemplado en la ley, el cual sospechosamente no se había utilizado anteriormente. Su aplicación a partir del 6 de mayo representó no solo el ingreso derivado de esta vía sino que marcó un incremento en los “pagos voluntarios”, realizados por empresas que se ponen al día antes de ser intervenidas. De tal suerte que si en 2015 entre enero y julio se recaudaron 188 millones de quetzales, en 2016 hubo un incremento del 88 por ciento en este mecanismo de pago.

Los recursos obtenidos en menos de tres meses dan para reactivar la inversión estatal y poner a caminar la oxidada maquinaria del Estado. Esa maquinaria que ha sido obligada a fallar en tanto se le ordeña de recursos por la vía de la corrupción y se le niegan los mismos por la evasión o la elusión fiscal. Con los pocos movimientos de la SAT esto empieza a cambiar.

Sin embargo, no es un cambio definitivo ni es irreversible. Aún existen los mecanismos que han permitido la creación de redes de corrupción y redes de evasión y elusión. De manera que dotar de herramientas legales a la SAT a fin de que obtenga los recursos necesarios para que el Estado funcione, es todavía una necesidad. La SAT necesita dientes, no puede seguir sholca, no puede seguir sin armas para defender a la mayoría del asalto en despoblado que representan la corrupción, la evasión y la elusión.

La administración correcta de los recursos es la tarea del Estado. El pago puntual y completo de los tributos es la parte de la sociedad, de toda. Algo a corregir por cuanto hasta ahora, la mayoría de menor ingreso es la que paga tributo en tanto la minoría, que también se colude para corromper (robando así lo pagado por la mayoría), se organiza para evadir y eludir. La reforma tributaria ha de promover un sistema de pago progresivo que cargue más a quien más percibe y habrá de dotar de dientes a la SAT para cobrarlo.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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