Disolver el CACIF ¿Una medida de reparación para una nueva etapa?

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Glenda Garcia GarciaPor Glenda García García

El pasado 26 de enero publiqué un post en mi cuenta de Facebook que decía: “El CACIF debería pedir perdón al pueblo de Guatemala y pagar por cuánto daño le ha hecho”. No era un mensaje escrito a la ligera y apelaba más a su accionar en la guerra, que al reciente reconocimiento sobre su participación en la corrupción.

El “empresariado” guatemalteco tiene una historia de larga data en la que ha desempeñado diferentes roles, algunos muy conocidos y otros no tanto. A mediados del siglo veinte ocurren acontecimientos sociales y políticos a partir de los cuales su trayectoria toma un giro diferente que marcó profundamente la vida del país en los años del conflicto. Aunque sus representantes se han esforzado en ocultar su participación en la guerra, trasladando la idea de que sus intereses solamente han pretendido contribuir al desarrollo económico de Guatemala y que actúan sin ninguna corriente política o ideológica, la verdad es otra.

El CACIF se creó en un panorama político caracterizado por la lucha contra la amenaza comunista, avivada tras la muerte del presidente Carlos Castillo Armas”1. Esta es su raíz ideológica más fuerte. El sector económico vio estratégica y necesaria su consolidación política y económica visualizando para ello un proceso de articulación, el cual concretaron a través de un acto simbólico el 16 de enero de 1957, en el que celebraron su primera reunión y a partir de la cual se nombran como Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF.

Aquella primera reunión estuvo encabezada por Enrique C. Novella, Enrique Matheu, Julio Briz, Virgilio García Valle y Gabriel Fernández. Dicha reunión se llevó a cabo en la Cámara de Industria de Guatemala y contó con la presencia de directivos de dicha Cámara, entre ellos: Luis E. Porras, Enrique García Salas y Roberto Alejos, además de los directores de la Asociación General de Agricultores y la Asociación General de Industriales de Guatemala, Alfonso Sobalvarro, Juan M. Recidos y Rafael David. El CACIF quedó finalmente constituido en 1959, obteniendo la aprobación de sus estatutos el 24 de abril de 1961.

En la disputa ideológica de la guerra fría, el CACIF levanta la bandera del anticomunismo y se constituye en una cúpula económica que apoyaría la guerra de diversas maneras. Esta es la parte de la historia que el CACIF y sus representantes han pretendido negar. Esta postura se reflejó claramente cuando, a dos días de que fuera dictada la sentencia por genocidio en el año 2013, se declarara en sesión permanente y pidiera la anulación del juicio argumentando que el fallo del tribunal “abona a la polarización y deja una percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico”2. Como sabemos, ocho días después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia dictada3.

Una sentencia por genocidio ¿en qué o por qué afectaba a CACIF? ¿Pedirán perdón por haber obstruido la justicia que buscaba reconocer y reparar los daños causados a la población maya en Guatemala? ¿Pedirán perdón por su corresponsabilidad en los crímenes de guerra cometidos contra la población guatemalteca?

Han pasado 61 años desde la primera reunión de CACIF y dentro de ese período están los 36 años del conflicto armado y también los tempranos años de la paz. El papel político y económico desempeñado por CACIF en este período fue sobre todo ideológico. Causó daños económicos, sociales y políticos ante los cuales debe dar cuentas.

Traer a debate el tema del perdón y la reparación justa y digna por los daños cometidos durante la guerra se une ahora con la “pedida” de disculpas que empresarios han declarado tras reconocer su participación en el financiamiento electoral ilícito que contribuyó a llevar a Jimmy Morales a la presidencia4. Hay un hilo histórico que explica el actuar del sector empresarial en la guerra y la paz; la defensa de sus intereses como núcleo oligárquico del país.

Cárcel, no perdón” es una de las posturas ciudadanas ahora que los empresarios han confesado ser parte del entramado de la corrupción que tanto daño ha hecho al país. Sin embargo el momento histórico que vivimos requiere de una profunda reflexión sobre las rutas a seguir, que en mi opinión, no se limitan a la cárcel como respuesta. Desde el 2015 vivimos en Guatemala una serie de eventos que nos plantean no solo el esclarecimiento de la verdad y la justicia ante los altos niveles de corrupción e impunidad sino, sobre todo, la necesidad de una transformación de las estructuras del Estado y de nuevas formas de hacer política. La cárcel sin el reconocimiento de los hechos no repara. Que los empresarios pidan disculpas puede representar una fisura en lo que ha sido su actuar histórico, se requiere, eso sí, de su compromiso para trabajar por el cambio social.

Si en el siglo pasado su consigna fue la lucha anticomunista y los resultados, como sabemos, fueron crueles e inhumanos y atentaron contra todo un pueblo que anhelaba cambios para bien del país, ¿Cuál es el papel que de ahora en adelante debería desempeñar el “empresariado guatemalteco? Tras su reciente “pedida de disculpas ¿se replanteará su qué hacer para reparar los daños socioeconómicos y políticos causados a Guatemala durante las últimas seis décadas?

¿Es este el momento en que el sector empresarial debería dar fin al CACIF y, de hacerlo, ese hecho se constituiría en una medida de reparación histórica y moral en tanto reconozca los daños y dé lugar a que surja un “nuevo” sector económico que esté genuinamente comprometido con el desarrollo socioeconómico y político del pueblo de Guatemala?

Peter Lamport tenía mucha razón cuando en la presentación del Frente Ciudadano contra la Corrupción pidió perdón a los jóvenes “por el estado en que su generación les traslada la estafeta para dirigir el país”5.

El “empresariado” guatemalteco representado en el CACIF es corresponsable del exterminio, no sólo de los pueblos, sino también de las generaciones políticas que por pensar diferente fueron eliminadas. Es corresponsable también de la pobreza y abandono en que el país vive. Hacerse responsable de su historia, reconocer los graves errores que en el pasado cometieron y replantearse el futuro es, o debería ser, la reparación más comprometida y digna que podrían ofrecer como disculpa pública.

Seguramente los empresarios no disolverán el CACIF y, no dudaría, que enunciar un acontecimiento de tal dimensión solo sea un motivo de burla. Sin embargo, el planteamiento apela a una responsabilidad histórica porque ofrecer disculpas no basta. Se requiere de un compromiso serio. La reparación moral y económica que el “empresariado” guatemalteco debe pagar tendrá que reflejarse en las penas que dicte la ley pero, sobre todo, en los cambios estructurales que se generen a lo interno de sus organizaciones y en una relación de respeto hacia el pueblo de Guatemala, lo cual implicaría abordar una extensa cantidad de temas estructurales e históricos, dentro de ellos el racismo; origen del genocidio.

1 Nuestra historia. En página oficial de Cacif: https://www.cacif.org.gt/nuestra-historia/

2 Prensa Libre. 12 de mayo de 2013

3 Prensa Libre. 20 de mayo de 2013

4 Prensa Libre. 19 de abril de 2018

5 Prensa Libre. 1 de marzo de 2018

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