Dos brasas en la CC

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La Corte de Constitucionalidad (CC), tiene dos tizones que si se apagan conforme a la ley, dejarán intacto el texto constitucional. Si por el contrario se atizan con prevaricato, amenazan con volver cenizas un documento que aún es imperfecto pero que ha servido para perfilar los limitados niveles de la democracia tutelada que vivimos.

Un primer tizón llegó de la mano del presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz Valdez y amenaza la institucionalidad más valiosa del sistema: la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). En 2014, luego de una denuncia presentada por varias personas que sintieron riesgo por su vida ante la campaña desarrollada por la Fundación citada. Dicha campaña, sostenida en medios escritos mediante columnas y desplegados, redes sociales y programas de radio y televisión, contenía discurso de odio que incitaba a reacciones violentas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. La operación propagandística se dirigió principalmente en contra de quienes apoyaban los procesos por justicia transicional y en contra de quienes defendían el derecho al territorio ante el embate de las industrias extractivas.

El PDH emitió una resolución que contenía una sanción moral, que es la naturaleza de las resoluciones del magistrado de conciencia, en contra del presidente de la Fundación Contra el Terrorismo. Este acudió en amparo ante el sistema de justicia. En todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la persona sancionada por el PDH discurrió sobre su visión de la vida y no sobre el tema de fondo o la materia contenida en la resolución.

Todas y cada una de las instancias ya citadas resolvieron en sentido negativo, es decir ratificaron la resolución del ombudsman de Guatemala. Y lo hicieron con base en lo que establecen tanto la Ley Orgánica del PDH como la propia Constitución Política de la República. Queda como última instancia la CC, la cual después de varios meses de realizada la vista pública, aún no resuelve. Si bien, es de esperar que lo haga ratificando la resolución del PDH, cabe resaltar que el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, destacado por la promoción de resoluciones de impunidad, pretendió obligar a la corte a emitir una resolución favorable al agresor señalado por las y los denunciantes y censurado por el PDH.

El segundo leño llegó con birrete militar. El 12 de enero, a dos días de que el presidente de transición y, formalmente, comandante general el ejército, Alejandro Maldonado Aguirre entregara el cargo, un subalterno se insubordinó. El general Alfredo Sosa Díaz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (JEMDN) y miembro del alto mando junto con Maldonado y el Ministro de la Defensa Nacional (Mindef), presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional. Artículo que indica que los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, en tanto delitos de lesa humanidad no están  incluidos en la amnistía que dicha ley concede.

Aparte de que hay jurisprudencia previa pues, la CC ha resuelto negativamente a todas las solicitudes planteadas en el mismo sentido, hay un problema de mayor nivel en esta acción. El general Sosa jura haber actuado a título personal. Sin embargo, en su caso particular esta acción de contenido político es ilegal. Cualquier funcionario civil puede actuar a título personal. Él, en tanto oficial en activo y jefe técnico del ejército nacional, no. Eso lo establece la propia Constitución y la Ley Constitutiva del Ejército. Si el entonces presidente Maldonado Aguirre, así como el Mindef, aseveraron que Sosa actuó sin consentimiento, significa que cometió una ilegalidad que aún no es sancionada por las regulaciones internas.

Cabe recordar que, precisamente por no aplicar las leyes que sancionaban las conductas ilegales de oficiales subalternos, muchos ex jefes militares enfrentan procesos penales por las violaciones a derechos humanos cometidas en tales circunstancias. De manera que no se trata solamente de afirmar en público que no se apegó a derecho sino, aplicar las sanciones de ley.

De tal suerte que, la CC ha de ratificar las resoluciones previas de todo el sistema de justicia con respecto a la resolución del PDH y negar la solicitud del JEMDN pero, además, indicar las graves violaciones a la Constitución en que este último incurrió con la acción realizada. Caso contrario, habrá que usar trajes contra incendios  ante la llamarada que levantarán nuestros derechos conculcados.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

2 comentarios

    • Iduvina Hernández
      Iduvina Hernández on

      Me alegra que mi nombre le guste tanto que lo utilice para encubrir su identidad. Sobre su comentario, me parece absolutamente irrelevante con relación al texto de la columna. Lástima que no la comenta en su contenido o alcance sino que únicamente repite (encubriéndose en un perfil falso), el lenguaje del discurso de odio en contra de las y los defensores de derechos humanos. Cuando comente con argumentos la columna, con gusto debatimos sobre el contenido. Mientras tanto, siga escondido.

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