Dos formas de ser funcionario, dos formas de despedirse

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En mayo del 2014, una alfombra de flores la recibía en su retorno a la sociedad civil. Entre aplausos y cariño de la sociedad, Claudia Paz y Paz Bailey, entregaba -porque le redujeron ilegalmente siete meses su período constitucional-, la jefatura del Ministerio Público (MP). Era la primera vez que una persona que había ejercido una función pública, salía entre aplausos. Claudia Paz y Paz, en su ejercicio profesional y de servicio público, dio lecciones de vida, como dirían los comerciales del Instituto Guatemalteco de Turismo, pero como ejemplo de que se puede ejercer función pública con honestidad. Que se puede cumplir con el mandato otorgado y llevarlo a cabo con ética.

Ese recuerdo es necesario traerlo a colación a propósito del desmantelamiento de la banda criminal que operaba al amparo del gobierno en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). No se trata de que toda persona, por el hecho de alcanzar un puesto en función pública y ejercer poder, se corrompa y corrompa su entorno.

Lo que han hecho Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías -el uno y la dos-, para prostituir la administración pública, es una muestra del ejercicio criminal y corrupto del poder político. Para ellos se alzan las voces que reclaman su renuncia. Para ellos se multiplican los reclamos por su conducta que, como mínimo, abrigó y amparó a la banda que defraudó millones de quetzales del tesoro nacional.

Las muertes de niños y niñas por desnutrición y sin asistencia estatal, son parte de la cosecha trágica de este robo millonario. Las muertes, el agravamiento o la falta de atención de personas en los hospitales públicos por carencia de insumos, también. Como igualmente lo es la patética falta de alimentos en los centros asistenciales. La carencia de maestros, los edificios escolares sin condiciones para ser utilizados o las “mochilas escolares”, vacías y finalmente no entregadas, son también parte de las consecuencias del saqueo de impuestos hoy desvelado.

No se trata solo de contar los millones que la estructura criminal se apropió mediante el cobro de sus “comisiones” y la evasión que facilitó a los igualmente criminales empresarios que las ejecutaron. Se trata de señalar con el dedo a las y los ladrones de impuestos, incluidos los que entraron la mercancía que luego nos vendieron en sus comercios como si fuera legal.

Y se trata, además, de poner sobre el tapete el análisis del rol jugado por la dos, o sea la vicepresidenta Roxana Baldetti y el uno, el presidente Otto Pérez Molina. No son y no pueden ser ajenos a los hechos denunciados. Si como mínimo apañaron a Juan Carlos Monzón, son responsables de encubrimiento. Pero si, como apuntan y señalan los audios de las intercepciones telefónicas, estaban al tanto y controlaban “la operación”, no pueden quedar impunes.

Para ellos no puede haber alfombra alguna. Ellos y quienes les apoyaron en este gobierno delincuencial, incluido su ex aspirante a candidato y ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, han de salir por la puerta de la vergüenza y el repudio ciudadano. Ellos que fraguaron la destrucción de la institucionalidad al romper el período de la Fiscal General y comprar la designación de las cortes en el sistema de justicia. Ellos que se recetaron decenas de millones en un gotero del absurdo para “limpiar” un lago destruido por la tolerancia a la impunidad empresarial. Ellos que han retorcido la ley para encarcelar al liderazgo comunitario que defiende su territorio de la voracidad de la explotación irracional de recursos. Ellos, en fin, que han destruido cual carcaña la institucionalidad, tan solo merecen el repudio ciudadano, masivo y contundente.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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