Educación pública, gratuita y laica

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Ha despertado el debate público respecto a un proyecto de Ley presentado por un diputado de Líder, que pretende que la lectura de la biblia sea obligatoria en los centros escolares públicos y privados, en tanto que, refiere dicho proyecto la pérdida de valores morales es uno de los causantes de los altos niveles de violencia en el país. Es decir, aparentemente la ausencia de religiosidad según este proyecto, es el responsable de que la violencia se haya apoderado de nuestra realidad y sea hoy uno de los fenómenos que más nos duele como sociedad.

En pleno siglo XXI es absurdo estar discutiendo sobre una temática que ha sido superada ampliamente, pero que dada nuestra realidad política pretenden dar soluciones erróneas a problemáticas que tienen sus orígenes en una diversidad de causas, que lamentablemente no son abordados por este sistema político. Escuchando las posiciones de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares y de la Asociación Educa Guatemala, me pareció adecuado no solo dar a conocer las mismas, sino que fuesen parte de la discusión que dieran pie a la generación de legislación que ataque parte de las causas de la violencia que nos agobia.

Para ambas organizaciones el debate va más allá de la libertad de culto que garantiza nuestra Constitución Política de la República, como libertad y no obligación, en el entendido de que este proyecto pretende que la violencia en Guatemala se solucione leyendo la biblia en los centros educativos, de tal cuenta que al ser cristianos (por el hecho de leer la biblia) seamos dotados de una cantidad de valores y principios de carácter moral, que nos lleven a una sociedad pacífica. Tanto para Educa Guatemala como para la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares la violencia que nos azota no es más que el efecto de un modelo de desarrollo afincado en la desigualdad e inequidad, en la mercantilización de la vida, en la desarticulación y estratificación social y no en la pérdida de principios y valores cristianos.

Y es que si las y los legisladores fueran serios y responsables en sus actos determinarían que el contar con estudios o educación de carácter religioso no tiene absolutamente nada que ver con que una persona sea o no violenta. La violencia es producto de una serie de elementos que superan este ámbito de acción en la instrucción de la sociedad. Acaso no ha sido parte del desarrollo de nuestra historia que bajo el argumento de la religión se ha impuesto un sistema de violencia y terror contra los seres humanos que habitamos estos territorios, los ejemplos en este país sobran. La imposición de la religión católica en América Latina se realizó a sangre y fuego constituyendo un proceso amplio de represión, violencia, terror y muerte contra las poblaciones originarias de nuestro continente.

O es que acaso no recordamos que los discursos basados en esa visión mesiánica de las dictaduras militares en el país, particularmente los discursos “cristianos” de Efraín Ríos Montt en 1982, antecedían o eran la antesala de la política de tierra arrasada que produjo ejecuciones extrajudiciales, masacres, desaparición forzada, tortura, desplazamiento interno y Genocidio. O bien la exacerbación del discurso que llama a la violencia y a la ejecución extrajudicial de seres humanos, bajo la premisa bíblica del ojo por ojo. Es por ello, que este proyecto de ley no solo debe ser excluido de la agenda legislativa, sino debe dar paso a la discusión de fondo sobre las causas y orígenes de la violencia en el país.

La educación laica responde a necesidades y demandas históricas de los pueblos, que han aspirado a asegurar la libertad de conciencia, a afianzar, mediante la educación, formas y mecanismo de gobierno bajo sistemas de vida democráticos en los que el pluralismo social y político se hagan realidad. Esta educación laica debe de tener como fin último el respeto pleno de las garantías individuales y los derechos humanos de toda persona. La educación laica es una condición del desarrollo libre de los individuos, pues asegura la libertad de conciencia de todas las personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen. Ante el estado y ante la ley estas personas son iguales, tal y como lo establece nuestro marco jurídico actual.

Además, la educación laica, ha posibilitado la solución de graves conflictos sociales que en otras épocas dividieron profundamente a las sociedades y ha puesto a salvo de dichos conflictos a las comunidades escolares al respetar la libertad de creencias de la niñez y de sus padres. Por otra parte, se ha comprendido la necesidad de reconocer la diversidad y de respetar los derechos de las minorías. El laicismo en la educación, por lo tanto, hace suyos estos dos principios democráticos y con ellos garantiza el principio de igualdad jurídica de todos ante la ley.

Por lo tanto, al entender que la educación pública, gratuita y laica, en donde se garantiza plenamente, forma parte de la construcción de sociedades democráticas, en donde se respetan las libertades fundamentales y los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y que no hace falta que aquello que de manera libre debe ser escogido por los individuos sea objeto de la imposición.

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Jorge Santos

Hombre guatemalteco, centroamericano y profundamente latinoamericano, defensor de derechos humanos, amante de la vida, la esperanza, la humanidad y fiel creyente que otra Guatemala es posible.

3 comentarios

    • Jorge Santos

      Muchas gracias por leer y comentar, así como agradecer la labor que realizan. Excelente comunicado y video.

  1. Virgilio Alvarez Aragón on

    Todo esfuerzo es poco para salvar la sociedad guatemalteca de las limitaciones intelectuales y éticas que la imposición de lecturas religiosas le impondría. No está demás recordar, además, que estamos al límite de la laicidad, pues en la Constitución de 1985 se la orilló al extremo, al permitirla no sólo como una asignatura optativa que puede ofrecerse en horarios ordinarios (en los horarios normales dedicados a las asignaturas obligatorias) sino, absurdo de los absurdos, establecer que “el Estado contribuirá al sostenimiento de la enseñanza religiosa” (Artículo 73, párrafo 3 de la Constitución en vigencia).
    Tal vez la prepotencia actual de los vendedores de cielos nos podrá permitir poner en cuestión tal párrafo y conseguir su supresión de la Constitución.

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