El debate de la pena de muerte II

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Christian JuárezPor Christian Lee
Psicólogo Social
Investigador ODHAG

El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades: pero les dio un subsuelo histórico, profundo y sólido — la sociedad punitiva de la que seguimos dependiendo.
M. Foucault

Un estudio de victimización realizado por la ODHAG presenta que 5 de 10 personas aprueban la pena de muerte como un mecanismo para hacerle frente a la violencia, y “según las personas encuestadas, las normas de carácter represivo podrían ser efectivas de alguna manera para combatir la violencia.” (1)
Ese dato, acompañado de las campañas electorales que sostienen incesantemente las ideas conservadoras y autoritarias,representan un anacronismo arcaico conveniente para el mercado electoral y los que ostentan el poder en el juego del Estado.

Sin embargo, vale la pena preguntar: ¿acaso las campañas electorales pro-pena de muerte no alimentan una cultura de violencia y muerte?, y en ese sentido la respuesta es aún más temible, puesto que la misma representa el castigo institucional asentado en el asesinato de Estado comoun acto de legitimación sistémica de las prácticas brutales del fascismo y donde la pena de muerte se presenta como el método “acertado” para el combate del crimen, el delito y el “terrorismo”. (2)

Pareciera que el poder económico y el poder de subterfugio buscan constantemente reproducir la amenaza en el discurso como un mecanismo de sostenimiento a la construcción política del poder. Olvidando intencionadamente que el crimen organizado y el narcotráfico están vinculados a las mafias de los partidos políticos y que las mismas extienden sus nexos a las instituciones del Estado, como ya fue evidenciado por la CICIG en varias de sus investigaciones.

El tema aquí reside en poner en la balanza una serie de cuestiones; por ejemplo, las estructuras criminales de la oligarquía y los militares son las responsables de un sinnúmero de muertes de manera indirecta o directa, lo cual hace que nos plantemos la siguientes preguntas ¿habría que buscar aplicarle la pena capital a los involucrados del caso PISA?, responsables de los delitos de fraude, asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, y cobro ilegal de comisiones por la aprobación de un contrato, actos criminales que son los responsables de 12 muertes de pacientes renales del IGSS y que han afectado a 530 pacientes de manera directa, donde se ha visto vulnerada la vida. O en contraste ¿habría que aplicarle la pena capital a un joven de 19 años por haber cometido un asesinato a cambio de Q.300.00 para alimentar a sus hermanos?

Es aquí donde descansan esas relatividades morales intencionadas, mismas que guían el impulso y la promoción de la reactivación de la pena de muerte, pues en ese sentido la corrupción en el Estado da como resultado la violencia en todas sus expresiones.

Violencia estructural producto de la perversión del Estado y fruto del ejercicio del poder de la élite económica del país, que ha asesinado a miles de guatemaltecos a través de la precarización y el despojo de los bienes colectivos tangibles e intangibles. Generar esas reflexiones permite cuestionar el sistema de privilegios e identificar quiénes son los que tienen el alto parlante que enuncian con toda fuerza la pena de muerte.

(1) ODHAG, Violencia en Guatemala: Una comparación de violencia y victimización entre Guatemala y Quetzaltenango, 2015.
(2) La pena de muerte como una bandera antiterrorista puede afianzar la eliminación de líderes en defensa del territorio dentro de la lógica del reordenamiento territorial y seguridad nacional.

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