El debate de la pena de muerte

0

Christian JuárezPor Christian Lee
Psicólogo Social
Investigador ODHAG

Atender a la comprensión sobre el apoyo que ciertos sectores de la sociedad manifiestan en la aplicación de la pena de muerte en estos momentos es una oportunidad para ampliar el diálogo sobre los aspectos que intervienen en el tema. Cualquier discusión del asunto debe llevar una serie de reflexiones profundas sobre las implicaciones sociales, políticas y psicológicas que conlleva la reactivación de misma.

En la actualidad ciertos partidos políticos y candidatos ondean la bandera de aplicación de la pena capital como una estrategia para aumentar los votos, argumentando que la pena de muerte reduciría los índices de violencia. No obstante, el fenómeno de la violencia es una expresión concatenada del sistema de exclusiones sociales y es en ese caso precisamente que la pena de muerte reafirma la violencia y el ejercicio del poder de una clase sobre otra. Es decir; tiene un carácter de ejercicio de poder y demostración de violencia de clase.

Ahora bien, al ampliar la discusión sobre su apoyo o abolición es importante saber que la pena de muerte contiene núcleos de problemas que residen fundamentalmente en aspectos psicosociales, jurídicos y éticos-políticos.

Por ejemplo:en caso de que se sentencie a pena de muerte a una persona X, las implicaciones en el dolor de la familia son sumamente fuertes; los derechos de los familiares del victimario parecen ser violados recrudeciendo y naturalizando la violencia legalizada y operada por el Estado.

Cercenar la posibilidad de continuación de una vida no es el único problema, sino que frente a ese acto reside responsabilidad, miedo, dolor, angustia y una serie de aspectos psicosociales que podrían tener repercusiones a plazos inmediatos o largos.

En el tema jurídico no me detendré a escribir a profundidad pues no cuento con los elementos suficientes ni con la base científica-académica para hacerlo. Únicamente escribiré una serie de provocaciones fruto del sentido común y es que hablar de pena de muerte es necesariamente hablar de Estado y hablar de Estado es precisamente hablar de Constitución y derechos, y en ese sentido resulta que la Constitución en sus artículos I, II y III, habla sobre la protección a la persona, los deberes del Estado en materia de garantías y el derecho a la vida. Lo cual a mi criterio se presenta como una contradicción fundamental y hace pensar que los que impulsan la pena de muerte intentan reactivar una práctica fascista autoritaria que devela la poca comprensión socio-política del fenómeno de la violencia. Y que a conveniencia niegan a la luz de la Constitución su mandato de garantizar la vida. Es decir, el único responsable de que alguien viole las normas y cometa un delito contra la vida es el Estado.
En la actualidad la bancada del partido LIDER impulsa la iniciativa 4941, la cual pretende reactivar la pena de muerte y que, en su análisis de ponencia al congreso, argumenta que la pena capital es necesaria cuando la delincuencia común, el crimen organizado y el terrorismo se han incrementado significativamente y que su propósito enmarcado en el derecho penal es indiscutible y evidente al garantizar a la sociedad las condiciones necesarias para la vida social.

En dicha reflexión jurídica social cabría resaltar que apegados a dicha apelación, es válido bajo la misma lógica, Castigar con la muerte delitos como corrupción y lavado de dinero, que indirectamente son actos responsables de muchísimas más muertes de las que puede realizar humanamente un sicario y/o asesino serial, teniendo como argumento que los actos de corrupción dentro del Estado son los responsables de la mortalidad infantil por desnutrición, las muertes por falta de insumos en hospitales públicos, etc.
Ahora bien en los aspectos éticos-políticos encontramos que hay una propagación a favor de la reactivación de la pena de muerte, misma que refuerza en el imaginario social las ideas primarias, bajo una lógica común que puede surgir producto del dolor, la ira y el asco avasallador de la violencia por parte de los que han sido víctimas de la violencia. Dicha lógica refiere que una reacción normal es desear que las personas que cometieron el crimen, delito o injusticia paguen de igual manera o peor de la que fueron víctimas, como un mecanismo de compensación del dolor y/o retribución. Sin embargo, esa lógica primaria está privada de escudriñar en la búsqueda de formas de convivencia pacífica, donde la Justicia y los Derechos Humanos priven las decisiones políticas para construir un Estado incluyente y acertado.

Por lo cual es necesario abrir un debate amplio a nivel social que pase por reflexiones desde la óptica filosófica-ontológica, político-social para construir zonas de sentido que nos ayuden a identificar alternativas de prevención de violencia desde un enfoque histórico cultural y de derechos humanos donde la vida tenga primacía sobre todo.

Share.

About Author

Firma Invitada

Autores invitados y colaboradores en la página de El Salmón

Leave A Reply