El eterno estado de excepción

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Santiago EstradaPor Santiago Estrada

El estado de excepción es un concepto en la teoría política que se aplica en el distinto contexto de los estados constitucionales modernos. Se refiere a la necesidad de hacer excepción al estado de derecho, en situaciones de emergencia y por un periodo transitorio, para mantener su estabilidad y seguridad. Es un tema de mucho debate por lo que parece ser la naturaleza contradictoria de la democracia en este contexto: es necesario suspender los derechos y las garantías constitucionales en ciertas situaciones para defender el Estado que los otorga.

En Guatemala, la Ley de Orden Público (LOP) es lo que ahora en la era democrática regula la autoridad ejecutiva para suspender el estado de derecho y las garantías constitucionales, según cinco grados de clasificación (prevención, alarma, calamidad pública, sitio y guerra), con el objetivo de “mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado”; pero, aunque es conocida ahora como parte constitutiva del estado democrático, esta ley se remonta a las primeras constituciones de la república, en particular la Ley Constitutiva de 1879, la que dio al Presidente la facultad de suspender las garantías individuales si “estuviese por algún motivo amenazada la tranquilidad pública”. Así, los dictadores de aquel tiempo, entre ellos Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera, fueron los primeros en aprovechar el estado constitucional de excepción para perseguir su oposición política e imponer la economía bananera bajo el pretexto de las reformas liberales. Desde entonces, esta facultad de suspender los derechos y hacer estados de excepción por decreto del Presidente ha permanecido en las leyes de Guatemala, tomando varias formas, pero su vínculo histórico con los poderes de las dictaduras liberales ha legado a la democracia de Guatemala un antecedente de abuso en la aplicación de la ley.

Por supuesto que en algunas ocasiones ha beneficiado el bien común del país –por ejemplo, en casos de calamidad debido a terremotos, huracanes, etc.– Sin embargo, es innegable que el fundamento legal para el estado de excepción ha sido cooptado y abusado para dar pretexto a las tácticas represivas de los regímenes militares. El ejemplo más instructivo, por extremo y desvergonzado, del abuso del estado de excepción en Guatemala es la dictadura del General Efraín Ríos Montt, quien al asumir el poder suspendió la constitución entera, poniendo en su lugar un documento que concentró todos los poderes del Estado, incluyendo la facultad de declarar tantos estados de excepción como quisiera, en la sola persona del General. Los resultados de tal concentración de poder junto con el pretexto legal de la seguridad nacional y la tranquilidad pública fueron devastadores: nueve meses de un estado de sitio en todo el país, y tres más de un estado de alarma, durante los cuales los guatemaltecos no disfrutaron ni del derecho a la vida. Ríos Montt no ocultó sus intenciones de aprovecharse de la LOP para eliminar la oposición política, alineándose con los dictadores del siglo pasado: “declaramos el estado de sitio para poder matar legalmente”.

Que ahora nos parece tan contradictorio el uso del estado de excepción para tranquilizar a los grupos y las comunidades que quieren expresar su descontento con el gobierno, se debe a dos sucesos claves en la historia del país, los cuales nos dan arquetipos que vienen al caso de la actualidad política: primero, lo que acabo de mencionar, el genocidio de 1982-83 que se llevó a cabo bajo el irónico pretexto de un estado de sitio permitido por una constitución suspendida; segundo, y sobre todo, el ejemplo que dio el movimiento de los universitarios antes de la Revolución de Octubre. El genocidio muestra la incongruencia y el terror del uso habitual de la LOP en casos de conflicto social, mientras que la Revolución nos enseña la justa resistencia del pueblo a la suspensión de sus derechos.

Recordemos que en 1944, cuando los maestros y estudiantes universitarios realizaron protestas pacíficas para demandar mejor salario y autonomía para la universidad, Jorge Ubico, el presidente de aquel entonces, ordenó la suspensión de las garantías constitucionales para impedir las manifestaciones y resolver el conflicto a la fuerza, citando la constitución de 1921 que permitía tal suspensión en caso de una “perturbación grave de la paz”. Los universitarios exigieron el restablecimiento de sus derechos en la carta de los 311 y después en las calles, donde la población se solidarizó con ellos, y a pesar de una represión brutal, lograron control de la capital. Al darse cuenta de la popularidad del movimiento en su contra, Ubico renunció y la Revolución se desató.

Así, la chispa de la Revolución fue el abuso de poder ejecutivo en suspender las garantías constitucionales, y después la respuesta de los ciudadanos que demandaron la vigencia plena de sus derechos. Se podría decir que la Revolución fue tanto un rechazo del estado de excepción que se había convertido en statu quo como un proyecto para establecer un estado de derecho democrático.

Entonces, tras esta historia de abuso de la facultad ejecutiva, ¿cuál es la situación actual respecto a los estados de excepción en Guatemala? Seguro que un país moderno necesita algún tipo de facultad de excepción para situaciones de emergencia, particularmente para prestar ayuda posterior a una calamidad pública o en tiempos de guerra. El problema está en el uso de tal ley en situaciones de conflicto social. Si la historia de las dictaduras militares de Guatemala es una historia del abuso de los estados de excepción para fines políticos y económicos, pues entonces ¿cuál es el papel de la LOP ahora en la era democrática? Lo siguiente es una lista de los estados de excepción que se han declarado desde el año 2000, según mi investigación, por razones de conflicto social y crimen.

Junio – Agosto 2001: Escuintla – fuga de presos de una cárcel
Agosto 2001: Totonicapán – huelgas y marchas populares (estado de sitio)

Agosto 2006: San Marcos – combatir el crimen organizado, una operación antinarcóticos

Septiembre 2006: Fraijanes – crimen en la granja penal Pavón

Noviembre 2006: Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango – combatir el crimen organizado

Mayo 2008: Guatemala – para forzar el fin de una huelga de camioneros

Junio 2008 – Mayo 2009: Coatepeque – situación de tensión social

Junio – Julio 2008: San Juan Sacatepéquez – por rechazo a la construcción de una planta cementera

Abril 2009: Huehuetenango – disturbios que se generaron tras la toma de la municipalidad

Diciembre 2009: San Marcos – la empresa Unión FENOSA quitó la luz (estado de sitio)

Dic. 2010 – Feb. 2011: Alta Verapaz – el narcotráfico (estado de sitio)

Mayo – Junio 2011: Petén – masacre de 27 campesinos (estado de sitio)

Agosto – Septiembre 2011: Petén (estado de alarma)

Mayo 2012: Santa Cruz Barillas, Huehuetenango – la Hidroeléctrica Hidrosantacruz (estado de sitio)

Mayo 2013: Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael Las Flores – municipios opuestos a minería, Tahoe (estado de sitio)

Septiembre – Octubre 2014: San Juan Sacatepéquez – violencia causada por proyecto de la cementera, Cementos Progreso

Notemos dos cosas: primero, el aumento de casos en la segunda mitad del periodo, y segundo, vemos que el motivo más común para declarar un estado de excepción en Guatemala, excluyendo los casos de calamidad pública, es para pacificar a los ciudadanos. Ver esta lista de 16 estados de excepción declarados en solo 14 años debería ofendernos, escandalizarnos, pues el uso de la Ley de Orden Público se ha vuelto tan cotidiano que ni llevábamos cuenta, habiendo perdido la perspectiva histórica del abuso de la ley. Ya sea por descontento popular o la imposición de proyectos a los cuales un pueblo se opone, suspender las garantías constitucionales para resolver conflictos sociales revela un carácter del Ejecutivo guatemalteco que se remonta a los tiempos de Barrios, Cabrera y Ubico, y no refleja el deseo del pueblo guatemalteco de vivir en un estado democrático.

Las consecuencias del uso habitual del estado de excepción son significantes para la existencia de un Estado de derecho y sus instituciones, según la Dra. Zoila Gutiérrez de Ramos. En su informe sobre “Suspensión del ejercicio de los derechos humanos: el estado de excepción”, ella dice que el abuso de la facultad de excepción entraña “una verdadera mutación institucional, cuyo principal efecto es la sustitución del principio de separación e independencia de poderes por el de jerarquización de los mismos”, y además, “entraña una verdadera mutación del Estado de Derecho donde el estado de excepción degenera en un elemento de agravación de la crisis y se transforma en un instrumento de represión de la oposición y la disidencia afectando el conjunto de los derechos humanos”.

El uso del estado de excepción en los últimos años, aunque bajo un pretexto de un Estado de derecho y una ley constitucional, no puede sino recodarnos de la historia del abuso de esta ley. En especial los estados de excepción utilizados como respuesta a la disconformidad de la población con su gobierno traicionan el propósito de la ley y ponen las cosas al revés: en Guatemala el Estado de derecho es una excepción y el estado de excepción es el statu quo.

Ahora sigue San Juan Sacatepéquez en estado de prevención a pesar de las muchas denuncias por violaciones de los derechos humanos y violencia contra las mujeres. No hay indicios de que este tipo de abuso terminará, pues se debe a la mentalidad del Ejecutivo que sueña con el eterno arquetipo del caudillo que habla con el pueblo a través del ejercito y no por diálogo. Por lo tanto, hasta que se modifique la ley o que haya un cambio significativo en el carácter del Ejecutivo, la Ley de Orden Público seguirá siendo la ley que permite a Guatemala permanecer bajo un eterno estado de excepción, y la que permite que las denuncias y exigencias justas de las comunidades como San Juan Sacatepéquez sean ignoradas y excluidas del proceso político. Como dijeron los 311 que rechazaron el estado de excepción de Ubico:

La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar.

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