El gran desafío

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Foto tomada de la página de Facebook de La batucada del pueblo.

Mientras el 2015 fue un año de constante movilización ciudadana contra la corrupción, el presente año ha sido menos activo en esa materia. La acción social se ha mantenido por el activar de movimientos de defensa del territorio, de las mujeres en contra de las violencias, de jóvenes, niñas y niños en pro de sus derechos. Si bien ha habido cierta vigilancia ciudadana sobre el accionar del sistema de partidos políticos, esta no ha sido ni permanente, ni exhaustiva ni mucho menos determinante en evitar las maniobras contra la transparencia.

El enquistamiento en el organismo Ejecutivo de un grupo de militares retirados que enroscaron al débil, mediocre y alocado gobernante, es prueba de esa ausencia. Sin remilgos, el grupo que encabezó  Herberth Armando Melgar Padilla, tomó control de la seguridad presidencial. A tal grado que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), dejó de cumplir su función y apegarse a su Ley Orgánica. De hecho, la SAAS derivó en una especie de Estado Mayor Presidencial (EMP), teóricamente desmantelado en 2004, con todas sus funciones de espionaje restablecidas. A tal grado que un integrante de la SAAS denunció ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) las actividades de espionaje político realizadas desde la entidad de seguridad, en contra de líderes políticos y activistas sociales. Ante la eventual investigación de estos extremos y la posible denuncia en contra del responsable, Melgar Padilla, este desarrolló una maniobra (obligó a un diputado a retirarse para alcanzar una curul en el Congreso), a fin de garantizarse inmunidad.

Mientras tanto, en el Organismo Judicial (OJ), el ente rector de la misma, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consumó la elección de su presidencia de manera irregular. De tal suerte que la magistrada. Silvia Patricia Valdez Quezada, fue electa como presidenta de la CSJ a propuesta de Blanca Stalling. Es decir, la presidencia de otro de los tres organismos de Estado queda en manos de una persona cercana, como mínimo, del entorno profesional que ha sido señalado por tener vínculos o estar comprometido con acciones de corrupción. Eso sin mencionar las abiertas declaraciones en redes sociales de la ahora presidenta del OJ, en favor y defensa del presidente del Ejecutivo, Jimmy Morales.

De concretarse la amañada elección en el Congreso de la República, mediante una negociación espuria que ubique en la cabeza del legislativo a una persona representante de estos grupos criminales, el asalto al Estado se habrá concretado. No ha sido por gusto la presión en torno a la elección presidencial del parlamento. De ser ciertos los constantes y abundantes rumores de colusión de intereses y grupos ligados a lo peor de la política por hacerse con la cabeza del legislativo, estaremos ante un escenario de graves consecuencias. El riesgo de retroceso acelerado de los limitados avances en materia de justicia y corrección del rumbo de las corruptelas está a la vuelta de la esquina y con un alto grado de concretarse.

El paso hacia atrás no solo representaría beneficios de diversa naturaleza, incluida la impunidad, para las y los hoy procesados por el desfalco del Estado. Iría acompañado de la institucionalización de prácticas y estructuras como la que Armando Melgar Padilla estableció en el esquema de la SAAS. Un extremo que tendría graves consecuencias para los movimientos de reivindicación de derechos humanos en cualquiera de sus expresiones.

En ese sentido es indispensable que renovemos el compromiso ciudadano por defender los avances obtenidos con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). No podemos quedarnos en silencio o inmóviles a observar cómo las mafias se salen con la suya y corrompen irreversiblemente el ejercicio del poder.

El desafío que tenemos por delante es entonces, comprender que ni una sola de las luchas sectoriales puede tener viabilidad si continuamos con un Estado cooptado por las mafias. Alzar la voz y     movilizarse en contra de la implantación del aparato de la restauración conservadora es más que una necesidad, una obligación histórica, impostergable.  

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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