El largo brazo de la corrupción y la impunidad

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Para quienes desde diversos ámbitos nacionales e internacionales han respaldado la lucha contra la impunidad en Guatemala, no resulta extraño el desarrollo de campañas en contra de este esfuerzo. Con ciclos de calma o furiosa intensidad, las mismas han sido constantes, en especial desde que el brazo de la justicia ha alcanzado a quienes se consideraban intocables por ser actores poderosos.

El grado de penetración de organizaciones criminales creadas para insertarse en la arquitectura de la corrupción establecida en el Estado no deja de sorprender. Los testimonios de colaboradores eficaces, como les denomina la ley, amplifican hacia el público los hechos que documentan las evidencias. Si bien el caso más notorio lo constituye el de Juan Carlos Monzón, quien fuera secretario privado de Roxana Baldetti, cuando fue vicepresidenta, no es el único de estos.

Junto a la obtención de evidencia, la aplicación de métodos científicos de análisis criminal y de diseño de la estrategia de persecución, con base en la ley de la materia, ha sido posible para el Ministerio Público (MP), el procesamiento de estos hechos criminales. Una circunstancia que se ha alcanzado mediante la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato le faculta para ello y le instruye en el traslado de experiencias.

De esa cuenta, además de la vergonzosa renuncia del gobierno presidido por Otto Pérez Molina, en virtud de los delitos por los que fue ligado a proceso, el MP y la CICIG, han contribuido al desmantelamiento de diversos tipos de organizaciones criminales que actuaban amparadas en la estructura de impunidad. El análisis de documentación secuestrada en diligencias judiciales, el seguimiento a denuncias recibidas e incluso la investigación de hechos aparentemente aislados, han permitido que se cuente con la prueba suficiente para procesar a entidades criminales y llevarlas a juicio.

Ese es el caso de una estructura criminal que se nutría de la trata de personas y que desarrollaba su labor mediante la venta de documentación falsificada y la emisión irregular de pasaportes. En un comunicado de prensa 034 del 26 de marzo del presente año, la CICIG explica que, el caso denominado “Migración” , “fue abierto en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el año 2010 a raíz de la denuncia (y posterior muerte) de Fidel Pacheco, Secretario General de los sindicatos de la Dirección General de Migración, quien señaló a un grupo de funcionarios de esa Dirección como responsable del ingreso de personas al país sin cumplir los requisitos establecidos en la ley; el egreso de personas nacionales y extranjeras con documentación falsa y la emisión de pasaportes a guatemaltecos y a extranjeros con documentación falsa”.

En el seguimiento a dicho caso, entre otras 35 personas que fueron ligadas a proceso y juzgadas, se encuentra la familia Bitkov, integrada por los esposos Igor e Irina Vlacheslavovna y su hija, Anastasia. Según el comunicado de CICIG ya citado, en enero del presente año fueron sentenciadas 39 personas “que participaron en una red de falsificación de pasaportes”. Entre los mismos había tanto exfuncionarios de la Dirección General de Migración (DGM) como del Registro Nacional de las Personas (RENAP), así como abogados, tramitadores (coyotes) y usuarios de la estructura criminal. Este último es el caso de los Bitkov. En la nota conjunta CICIG-MP, explican cómo la familia Bitkov ingresó legalmente al país con sus pasaportes rusos y luego, en dos ocasiones compró documentación falsa que le sirvió incluso para establecer negocios en el país.

En las etapas finales del proceso, los mismos grupos que han conducido campañas de difamación y calumnia contra los esfuerzos anti corrupción e impunidad, así como al procesamiento de violadores a derechos humanos, enfocaron sus baterías en este caso. De esa cuenta, hubo jornadas de tuiteos masivos, videos en youtube, difusión de mensajes en whatsapp, entre otros, para intentar limpiar públicamente las actuaciones delictivas del grupo sentenciado.

La campaña sin embargo no ha quedado en esto. Al parecer, con recursos provenientes de acaudalados ciudadanos rusos oponentes al gobernante Vladimir Putin, han logrado sostener una campaña de cabildeo en Estados Unidos. Aprovechando las inquietudes sobre el posible intervencionismo ruso en las elecciones estadounidenses, han encontrado una “mina” comunicacional para operar. De esa cuenta, al parecer mediante la presión insistente, estos grupos han conseguido que la Comisión Sobre Seguridad y Cooperación en Europa, más conocida como Comisión Helsinki, del senado estadounidense, llevará a cabo una audiencia pública.

Convocada bajo el título, “El largo brazo de la injusticia: ¿habrá ayudado al Kremlin a destruir una familia rusa, una comisión de naciones unidas, establecida para luchar contra la corrupción?”, la misma podría llevar a decidir que se solicite la reducción o incluso cancelación del apoyo financiero a la CICIG, por parte de Estados Unidos.

De manera perversa, al mismo tiempo que en Guatemala se coordinan acciones desde la propia presidencia de la república para satisfacer la necesidad personal del gobernante para alcanzar impunidad, sus aliados operan en Estados Unidos. Ahí, buscan también pervertir el objetivo de una comisión legislativa que está llamada a fortalecer la lucha contra la corrupción y por los derechos humanos, vendiéndole una idea falsa sobre el accionar soberano de las cortes nacionales que sentenciaron a una estructura criminal. Queda visto pues que el largo brazo de la impunidad ha conseguido comprar un pasaporte para cabildear contra la justicia y asegurarle larga vida a la corrupción.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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