El respeto al derecho ajeno

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A lo largo de nueve meses, sábado a sábado, en punto de las tres de la tarde, el grupo de mujeres, hombres, niñas y niños, se ha reunido sin falta. Iniciaron unos sartenes y cucharas, luego se sumaron algunos botes y poco a poco, redoblantes y tambores. Confluyen personas de diversas edades. Mujeres y hombres jóvenes y maduros, jubilados, así como adolescentes y niñas y niños. Tienen diversas identificaciones políticas e ideológicas que confluyen en un qué y cómo: una vida democrática por la vía de la participación ciudadana pacífica, en el marco del estado de derecho.

La percusión de su compás resuena con la fuerza de los instrumentos y se acrecienta con la energía que le imprimen sus integrantes. Es el ritmo que acompaña la poesía traducida en coro y consigna para expresar el sentir social, que logran recoger maravillosamente, y plantear a la vez rutas de salida a diversas problemáticas.

Nacieron, como la mayoría de las cosas buenas, de la casi accidental confluencia de personas auto convocadas a raíz de que se hiciera público el escándalo de corrupción en el gobierno guatemalteco. Al inicio se encontraban diariamente a la una de la tarde, sacrificando parte de su horario de almuerzo, para exigir la renuncia del entonces gobernante Otto Pérez Molina. Luego empezaron a encontrarse los sábados y no han parado.

El espacio marcado por el kilómetro cero, es decir, el punto central, en la puerta principal del Palacio Nacional, hoy llamado de la Cultura, es el punto de encuentro. Ahí se reúnen y desde ahí, sin faltar un solo sábado desde hace nueve meses, el grupo conocido como La Batucada del Pueblo, ha mantenido encendida la llama de la voz ciudadana. De manera que el sábado 9 de enero no iba a ser la excepción.

Sin embargo, desde la captura de 18 militares retirados, generales y coroneles en su mayoría, el martes seis por la mañana, inició una campaña mediática de intimidación. Los oficiales en custodia judicial han sido acusados de responsabilidad en la comisión de gravísimos delitos relativos a violaciones a derechos humanos. Desaparición forzada y contra deberes de la humanidad, por haber estado al mando de unidades que capturaron y luego desaparecieron a personas, mayoritariamente civiles no combatientes, en el marco de la acción contrainsurgente.

Entre los capturados se encuentra el ex jefe de Estado Mayor General del Ejército (hoy Estado Mayor de la Defensa Nacional), cuando una instalación militar en Cobán, Alta Verapaz, fue convertida en un gigantesco cementerio clandestino de cuyas fosas se han sustraído más de 500 cadáveres con señales de muerte violenta. Varios directores del servicio de inteligencia militar y otros ex jefes de Estado Mayor, tanto por ese hecho, conocido como el caso CREOMPAZ  por las siglas del nombre actual del sitio (Centro Regional de Entrenamiento en Operaciones y Misiones de Paz), como por el secuestro y posterior desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen.

Las famillias de los sindicados y organizaciones de corte neofascista, así como agrupaciones de militares retirados convocaron a una marcha de apoyo a los consignados y en demanda de su liberación. Ante ello, el grupo de La Batucada del Pueblo, informó a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), así como a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) que estarían presentes como siempre y pedían acompañamiento para evitar incidentes. En particular, debido al discurso confrontativo y amenazante de quienes convocaban y manifestaban apoyo a la marcha pro militares.

Pese a estar en el lugar acostumbrado, distantes más de veinte metros del sitio en el cual se suponía se concentrarían los simpatizantes de los sindicados por CREOMPAZ y la desaparición de Marco Antonio, estos se cruzaron la calle y agredieron a tres mujeres del grupo de La Batucada a quienes propinaron sendos pescozones en el rostro. La llegada de un contingente de la PNC, cuando ya se había producido la agresión, fue factor que de alguna forma impidió que el grupo agresor elevara el nivel de violencia que se mantuvo en la provocación mediante insultos, los cuales terminaron siendo respondidos por simpatizantes de la batucada que llegaron en apoyo.

El derecho de libre expresión, reunión y manifestación está garantizado para todas y todos, individual o colectivamente. De manera que, quienes deseen pedir en las calles la libertad de los procesados por delitos de lesa humanidad, pueden hacerlo. Como también lo puede hacer quien demande justicia para las víctimas de tales crímenes o rendición de cuentas por parte del Estado o cualquier derecho que le sea conculcado.

Lo que no se vale es pretender que, mediante el lanzamiento de amenazas por redes sociales, en la respuesta a la convocatoria que incluye el anuncio de marchar “armados hasta los dientes”, toda la ciudadanía se recluya en su casa para que el fascismo se exprese libre y exclusivamente. Es mejor que aprendan a convivir con otras ideas y acepten que hoy, tres y media décadas después de la comisión de actos de genocidio, de masacres y desapariciones forzadas, sus derechos no son los únicos que prevalecen sino que, hay una sociedad entera con derechos que está obligada a respetar los de ese grupo tanto como este, también está obligado a respetar los de los demás. Si en verdad le apuestan al estado de derecho, aún están a tiempo de aprender a convivir en democracia.

 

 

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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