En caída libre

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado su 153 periodo de sesiones, así como ha otorgado audiencias públicas del 27 al 31 de octubre. Prácticamente el 28 de octubre, del presente año, le correspondieron a Guatemala varias audiencias públicas que fueron solicitadas por organizaciones miembros de la Convergencia por los Derechos Humanos.

Las audiencias llevadas a cabo abordaron temas tales como acceso a la justicia y el legado del Conflicto Armado Interno, denuncias sobre militarización, la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en particular lo concerniente a periodistas y comunicadores sociales, así como una audiencia sobre la Independencia Judicial en el país. Es importante hacer notar que dichas audiencias se realizan a partir de la convocatoria que realiza la misma Comisión para abordar importantes temas relacionados a derechos humanos en el Continente Americano.

De ser otorgadas las audiencias participan los peticionarios (organizaciones de sociedad civil), la representación del Estado y la propia Comisión quien conoce los argumentos vertidos por ambas partes, para luego recomendar a los Estados acciones concretas que permitan la implementación efectiva de derechos humanos consagrados en el sistema interamericano de derechos humanos.

En todas las audiencias participó una delegación del gobierno de la República en representación del Estado guatemalteco. Seguramente si usted tuvo a bien observar las audiencias a través del video descargable de la página web de la CIDH (www.oas.org/es/cidh/) le han de haber despertado dos de muchas sensaciones; la primera, de que vamos sin freno alguno en plena caída libre hacia el abismo y la segunda, una profunda vergüenza ajena por lo que podría considerarse mediocridad de dicha representación.

La delegación gubernamental estuvo compuesta por el Embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos –OEA–, una asesora de dicha representación diplomática, el Secretario de la Paz Antonio Arenales Forno, una representante de la Secretaría Ejecutiva de la Vicepresidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como una asesora del Ministerio de Gobernación y una funcionaria más de la COPREDEH. Sin embargo, a pesar de existir estos siete representantes el único en brindar las consideraciones en nombre del Estado fue Arenales Forno. Al paso de cada audiencia pública su estado de ánimo empeoró, descalificó y realizó interpretaciones antojadizas y por ende alejadas de lo que realmente son las normas tanto internacionales como nacionales en materia de derechos humanos.

El hoy Secretario de la Paz y ex diputado por el Frente Republicano Guatemalteco –FRG– señor Arenales Forno, volvió prácticamente a desconocer la competencia del Sistema Interamericano para conocer casos previos a 1987 y arremetió contra todo aquello que pudiera ser garantía de derechos humanos para la sociedad en general. Desconoció el deterioro respecto a la situación de derechos humanos en el país a pesar de las claras estadísticas y argumentos presentados por las organizaciones sociales.  Un ejemplo claro de esta situación lo expresa el simple hecho de la ausencia de voluntad y compromiso con la ley por parte del Gobierno de la República al no ejecutar una serie de órdenes de captura contra violadores de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno. Uno de estos casos raya en lo absurdo: el Coronel Solares González, a quien el Estado supuestamente no puede capturar, mes a mes cobra su pensión en el Instituto de Previsión Militar.

En las otras audiencias se abordaron temas respecto al incremento sostenido de la represión contra las comunidades, sus líderes y los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, particularmente contra periodistas. En esta audiencia se pusieron de manifiesto varios ejemplos de esta represión existente contra quienes divulgan información certera sobre hechos de violencia y represión que el Gobierno y las empresas realizan contra las comunidades. Las otras dos audiencias abordaron el importante tema respecto a la militarización en el país y la crisis que hoy el ejecutivo y otros poderes fácticos han provocado en el sistema de justicia, temas que abordaremos en siguientes columnas.

La respuesta de la representación gubernamental fue la misma; desconocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un país con serios avances en cumplimiento de las garantías fundamentales de la población, interpretación antojadiza y errónea de la legislación, en resumen una respuesta bastante mediocre y vergonzosa para estar en un panel internacional.

Nuestra petición en todas y cada una de las audiencias fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerando la información que fue expuesta a lo largo de las audiencias, incluyera al Estado de Guatemala en el Capítulo IV.B de su Informe Anual correspondiente al año 2014, en tanto se cumple lo establecido en el artículo 59(6) del Reglamento de la Comisión; el cual refiere que una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa; si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial; la suspensión ilegitima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana, en razón de la imposición de medidas excepcionales tales como la declaratoria de un estado de emergencia, de un estado de sitio, la suspensión de garantías constitucionales.  Así como la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables.  Entre otros factores a ponderar, estarán los siguientes: a) graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos humanos; b) incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta; c) omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales o para cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Jorge Santos

Hombre guatemalteco, centroamericano y profundamente latinoamericano, defensor de derechos humanos, amante de la vida, la esperanza, la humanidad y fiel creyente que otra Guatemala es posible.

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