En la zona roja

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De acuerdo con el índice mundial de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras, Guatemala se encuentra en el puesto 125, de un total de 180 países evaluados. Visto en el mapa mundial de dicho derecho, el país aparece en la zona roja, un escalón menos de los países con las peores situaciones en la materia.

Mucho se ha hablado en estos días sobre las dificultades y limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, vale la pena volver los pasos y las miradas sobre una de las más graves, la situación de las radios comunitarias. Circunstancia que, en la práctica, reproduce  uno de los mayores males de esta sociedad: el racismo y la discriminación.

El cierre y el cerco a la radio Snuq’ Jolom Konob’, voz de una de las ramas del pueblo  q’anjob’al, en Huehuetenango, marcó la semana anterior un nuevo hecho de agresión al ejercicio del periodismo. La radio fue cercada y sus personeros obligados a retirarse de su lugar de trabajo. Las y los periodistas del medio se vieron obligados a no transmitir, en tanto que el público usuario de la misma se ha visto privado de la comunicación que desde ella se emite. Todo ello con la aquiesencia del Estado que ha permitido, tolerado y, muy probablemente, estimulado la agresión.

La radio Jolom Konob’, como lo señala Nelton Rivera en su artículo de Comunitaria Press el 4 de enero de este año, es “más que una radio comunitaria”. Es y ha sido desde su fundación en diciembre del 2000, un vínculo intercomunitario, un vehículo de expresión social y de cohesión comunitaria, entre otros. Ha permitido al pueblo  q’anjob’al solidrizarse en eventos de tragedia como durante la Tormenta Tropical Stan, al haber realizado maratones que permitieron recaudar más de 79 mil quetzales, así como ropa y víveres que fueron entregados al pueblo de Cuilco en el 2005.

Jóvenes, niñas y niños, mujeres, adultos mayores, el sistema de salud local, el Registro Nacional de Personas (RENAP), la Municipalidad de Santa Eulalia (sede de la radio), el Centro de Administración de Justicia (CAJ), disponen de espacios en la radio para la transmisión de informaciones relativas a su naturaleza. Es decir, facilita un amplio espectro de informaciones útiles a la comunidad, en su idioma  q’anjob’al.

Pero, al igual que muchas otras radios comunitarias a lo largo y ancho del territorio nacional, la Snuq’ Jolom Konob’ (voz de la cabeza del pueblo), ha sido objeto de agresiones y persecución privada y estatal. Una realidad vinculada al abusivo ejercicio del monopolio en la gestión de las frecuencias radiofónicas en Guatemala.

Si bien se ha presentado la iniciativa 4087 para normar el funcionamiento de los medios de comunicación comunitarios, así como otras cuatro propuestas para garantizar el derecho a la libre expresión e información desde este ámbito, todas están engavetadas en el Congreso de la República, en los confines de la Comisión de Telecomunicaciones.

Por el contrario, la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en el 2011, amplía y favorece los derechos de los usufructuarios de las frecuencias de radio, al facilitar la ampliación de las concesiones hasta por 25 años. Dicha reforma llegó de la mano del diputado del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Ricardo Villate, que ya anteriormente había propuesto otra iniciativa para aumentar a 20 años dicha licencia.

Curiosamente, el mismo partido político es el que también ha iniciado procesos penales contra columnistas en la ciudad capital, en tanto que su candidato presidencial Manuel Baldizón, bloquea de sus redes sociales a periodistas incómodos.

Pero, volviendo al tema de las radios comunitarias, cabe destacar entonces que, mientras el Estado, por medio del Congreso imposibilita su funcionamiento a la vez que regala ampliación de frecuencia a los monopolios de la misma, cercena el derecho de los pueblos mayas a contar con medios propios. La ley vigente permite que la casi totalidad de las frecuencias disponibles esté concentrada en cinco grupos empresariales, en tanto que persigue, incluso penalmente, a las radios comunitarias bajo el pretexto de combatir la piratería de las frecuencias.

Esa circunstancia es la que representa, legalmente, la mayor expresión del racismo y la discriminación estatal. Porque permite, tolera y estimula el monopolio y porque impide la difusión de la expresión oral de los pueblos, base fundamental para su desarrollo. Así lo señala, por ejemplo, el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 2000, el cual destaca que: “uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información. (…) Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por solo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas”.

De ahí que Guatemala esté en la zona roja de la libertad de expresión y que mediante concesiones legales negociadas entre empresarios y diputados, se fomente la discriminación, se limtie la libertad de prensa y se tolere la agresión contra las radios comunitarias. Salir de esa zona roja requiere no solo hipócritas declaraciones de amor al periodismo sino, sobre todo, de acciones afirmativas en favor del pleno ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, en todos los idiomas.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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