Enfermiza obsesión

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Cuando la procura de impunidad es el leitmotiv de alguien, no cabe duda de que hará hasta el ridículo en aras de alcanzarla. El peligro inicia cuando el fundamento de vida por garantizar la falta de sanción se torna en odio obsesivo en contra de quienes se considera enemigos de esa causa. Es cuando la venganza y el odio irracional se toman de la mano y sacan de paseo a la corrupción.

Cuando surgió la Fundación contra el Terrorismo, el rostro visible de la misma resultó ser el hijo del ministro de gobernación de Efraín Ríos Montt, en 1982,  Ricardo Mendéz Ruiz Rohsmoser. Su retoño, Ricardo Méndez Ruiz Valdez, entre otros se alió a militares en retiro, para dar vida a su organización. Desde su nacimiento, dicho ente ha pasado del ejercicio del derecho a expresar su respaldo a sindicados de graves crímenes contra la humanidad, a utilizar en endeble sistema de justicia para concretar su revancha.

En sus inicios, junto a otras entidades desconocidas del entorno social pero vinculadas a militares retirados, así como a familiares de estos, acuerpó la presentación de al menos cinco demandas penales. Estas fueron realizadas en contra de más de cien personas, muchas activas en el movimiento social o de derechos humanos, a quienes acusaba de acciones atribuidas a la insurgencia durante el conflicto armado interno. Era tal la obsesión por plantear las acciones penales como represalia que se llegó al extremo de acusar de la comisión de delitos a personas que o bien eran menores de cinco años o ni siquiera habían nacido cuando se produjeron los hechos.

No conforme con esos procesos, arranca una racha de acusaciones continuadas en contra de periodistas y de operadores de justicia. Los casos más emblemáticos resultaron ser los del juez Miguel Ángel Gálvez contra quien Ricardo Méndez Ruiz inició querella y solicitud de antejuicio en septiembre de este año. Méndez Ruiz Valdez señaló al juez, reconocido por su labor  profesional, de conspirar con litigantes. Dicha acusación fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia en pleno.

Sin embargo, su verdadera obsesión resulta ser el ahora ex fiscal en jefe de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Orlando Salvador López. Contra López interpuso una demanda en el 2015 por, supuestamente, difundir sin autorización la sentencia condenatoria contra Efraín Ríos Montt, en el juicio por genocidio que concluyó en mayo de 2013. Dicha demanda fue desestimada aunque el acusador no desistió de su obsesión.

En el presente año presentó una demanda en contra de López y del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, luego de la captura de cerca de 18 militares retirados, el 6 de enero, acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

En tal sentido, después de que Orlando López asumiera la responsabilidad por el atropellamiento del señor Elmer Leonel Aldana Pesquera, en julio de este año, Méndez Ruiz Valdez volvió a la carga. De acuerdo con la información publicada el 8 de julio, el entonces fiscal Orlando López volvía de una diligencia en Puerto Barrios. Al circular por el kilómetro 121 de la ruta al Atlántico, a las 10 de la noche aproximadamente, atropelló a un peatón, quien falleció por los golpes recibidos. Por protocolo de seguridad, en virtud del alto perfil de riesgo del operador de justicia, su escolta recomendó continuar.

Debido a la circunstancia de su posición y por no haberse presentado de inmediato, López fue separado del cargo por decisión de la Fiscal General, Thelma Aldana, a fin de aclarase su situación en tribunales. Circunstancia que dio inicio cuando el exfiscal se presentó a la unidad que diligenciaba su caso y se puso a disposición de la ley.

Méndez Ruiz Valdez vio en esa situación la ventana de oportunidad de cobrar venganza en quien se había convertido en su obsesión jurídica. A tal grado que se incorporó como querellante adhesivo en el caso y ha utilizado su rol para violentar el debido proceso en contra de López y usar el sistema penal como arma de revancha y no como herramienta de justicia.

De acuerdo con las primeras evaluaciones de la situación judicial presentada, Orlando Salvador López ha sido perjudicado con la violación al debido proceso. De igual forma con el empleo, ahí sí, del tráfico de influencias que ha representado  estar hasta tres semanas después de su captura sin haber presentado su primera declaración y con enfrentar prisión preventiva cuando, en casos similares se ha otorgado medida sustitutiva. Curiosamente, quien le acusó en más de una ocasión de utilizar el tráfico de influencias, hoy por hoy utiliza ese mecanismo para cobrarse en Orlando López los éxitos de la fiscalía que condujo, al juzgar a criminales señalados de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violencia sexual.

 

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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