Epitafio por la memoria

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En una tumba del Cementerio General de Guatemala, en la antañona zona 3, habrá de grabarse una escritura que dé cuenta de los crímenes de quien ahí se encuentra. Oscar Humberto Mejía Víctores, general de división y jefe de Estado de facto entre el 8 de agosto de 1983 y el 14 de enero de 1986, vivió y murió en la impunidad judicial.

Sin embargo, la memoria de la verdad por las víctimas de sus crímenes, continuará escribiendo páginas de la historia que mantenga el recuerdo de lo que hizo para que no se repita. Entre otros hechos, Mejía Víctores fue Ministro de la Defensa desde 1982 y luego jefe de Estado cuando dirigió el golpe militar contra su antecesor, el también golpista José Efraín Ríos Montt.

En su calidad de titular de la Defensa Nacional, Mejía Víctores tuvo bajo su jurisdicción uno de los más oprobiosos engendros nacidos de la mente del genocidio: los tribunales de fuero especial. Esa especie de estructuras que, falsamente llamadas tribunales, no eran más que cuerpos ilegales, clandestinos y secretos, utilizados para aplicar las decisiones emanadas de la doctrina contrainsurgente.

Son la antítesis absoluta de la doctrina garantista que hoy nutre a la Constitución Política de la República y al sistema de justicia que nos rige. Como tales, antítesis de garantías, dichos juzgados impedían que las personas sindicadas tuvieran defensa. No dejaban registro de sus actuaciones. No permitían apelaciones o revisiones de naturaleza alguna. Bajo este régimen, 15 personas fueron fusiladas y otras 582 enfrentaron “juicios”, carentes de doctrina jurídica pero plagados de arbitrariedad.

Tanto como Ministro de Defensa y luego como Jefe de Estado, Mejía Víctores también estuvo en la instancia decisora del impulso y ejecución del genocidio político y étnico que cometió el ejército de Guatemala. Durante su gestión se perpetraron masacres como la de Plan de Sánchez, así como otras en la zona ixil, dentro del plan contra la guerrilla llevado a cabo por las fuerzas armadas.

Otros dos casos le atañen por responsabilidad como titular de la defensa. El del Centro Regional de Entrenamiento en Operaciones y Misiones de Paz (CREOMPAZ), en el cual se juzga las responsabilidades derivadas del descubrimiento de más de 500 osamentas enterradas en sepulturas clandestinas dentro de una instalación militar. La antigua base militar de Cobán, en Alta Verapaz, fue el sitio en el cual sus responsables, siguiendo las directrices de la doctrina contrainsurgente en vigor entre 1982 y 1986, enterraron a sus víctimas. Las mismas habían sido capturadas ilegalmente, estuvieron secuestradas, sufrieron tortura y finalmente fueron ejecutadas y sepultadas ilegal y clandestinamente.

También en la zona del Polochic, en la aldea Sepur Zarco, entre 1982 y 1986, las instalaciones de un destacamento en dicha localidad, fueron utilizadas como centro de operaciones para someter a violencia y esclavitud sexual y doméstica a más de 15 mujeres del pueblo q’eqchi. El sitio en cuestión fue incluso denominado “El Recreo”, en virtud de la función asignada como espacio de diversión para los militares que la usaron.

En el período de ambos hechos, el líder del ejército como Ministro primero y como Jefe de Estado, después, era Óscar Mejía Víctores. Mientras fue Ministro compartió la responsabilidad con su jefe inmediato, Efraín Ríos Montt. Como jefe de Estado concentró el poder del Ministerio de la Defensa.

Entre agosto de 1983 y diciembre de 1985 se registran los hechos de otra operación dirigida durante su mandato: el caso del Diario Militar. Así llamado no por su función técnica en inteligencia sino por ser una especie de bitácora de capturas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de 186 personas presuntamente integrantes de todas las organizaciones rebeldes activas en el período. La concepción del plan que registra el Diario Militar, provino de la jefatura castrense, en manos del general Mejía Víctores.

Su obra final es el Capítulo V de la CPR que garantiza en democracia, un alto grado de autonomía a la institución castrense. Contenido que fue impuesto como única vía para que la Asamblea Nacional Constituyente pudiese dar vida pública al texto de la carta magna. De manera que el cadete con número de antigüedad 1903 no fue un militar profesional ni mucho menos un general garantista de la transición a la democracia. Fue un jefe castrense, diseñador, ejecutor y operador de acciones contrainsurgentes al margen de la ley que regía al país en ese período.

Por lo tanto, su epitafio debería indicar que en su tumba se encuentran los restos de un general genocida, muerto en impunidad judicial pero condenado por la historia como criminal.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

1 comentario

  1. Ileana Gonzalez on

    Estos relatos son escalofriantes. Cúanta maldad humana ha sufrido
    nuestro país, es indescriptible, no hay palabras. La historia de Guatemala llora sangre con
    tanta tortura, y criminalidad! Cómo puede el ser humano cometer tanta infamia. Si esto sucedió en El altiplano, también hubo escalofriantes asesinatos en la capital. Perdimos a verdaderos líderes e intelectuales que habrían podido dirigir nuestro país hacia otra realidad. Guatemaltecos, hasta cuándo va a cesar la matanza entre nosotros mismos? Ya hubo matanzas sangrientas por tantas décadas, YA no más, guatemaltecos. Alto ya.

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