Escenario para el enfrentamiento

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Foto URAPor Úrsula Roldan

Hace solo dos meses una familia en la Aldea los Pajoques, en San Juan Sacatepéquez, fue asesinada; y el 17 de noviembre otra tragedia, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, enluta a otras familias indígenas y rurales. Recientemente fue detenida una lideresa comunitaria, Bárbara Díaz Surin, después de una marcha de mujeres en la que exigían el respeto de sus derechos humanos, violentados por la intervención militar en San Juan Sacatepéquez. En otra instancia, fueron sentenciados a 33 años dos defensores de su recurso hídrico y forestal, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velásquez, del movimiento comunitario del municipio de Barillas, Huehuetenango.

A estos hechos se quiere brindar una respuesta simple: “Que este es un enfrentamiento entre quienes están a favor y en contra de los proyectos extractivos”, lo que se refuerza por los medios masivos de comunicación, en clara comparsa con quienes defienden estos intereses económicos, y en complicidad con las fuerzas de seguridad del Estado. Pareciera que aquí se quieren presentar víctimas de un bando y victimarios del otro, los segundos quienes se oponen a los proyectos extractivos, cargándoles toda la condena penal por el sistema de justicia y moral de la sociedad mediática.

La respuesta no es así de simple, estas comunidades, olvidadas en la agenda gubernamental para atender su bienestar y cuyos procesos de producción y vida social han dependido casi exclusivamente de sus esfuerzos familiares y de algunas de sus autoridades locales, hoy se encuentran al centro de la agenda del Estado y las representaciones empresariales de dichos proyectos extractivos, para montar un escenario de enfrentamiento entre comunidades.

Primer acto: Estado y empresas con un claro tráfico de influencias para lograr la imposición de sus proyectos al costo de lo que sea, a través de la realización de estudios de impacto ambiental manipulados, compra de tierras a los comunitarios, sin brindar la información del uso de las mismas y menos aún del proyecto a instalar con respecto a sus costos y beneficios en estos contextos. Esto en paralelo mientras las comunidades afectadas realizan consultas para definir su consentimiento sobre el proyecto, donde casi siempre son rechazadas con el voto NO. También estas mismas comunidades acuden a diversas mesas de diálogo; pero concluyen que solo quieren realizarlo con la representación del Estado, más no así con las empresas, pues lo que defienden es, a su parecer, un bien comunitario y público, no privado: el agua y el subsuelo de sus territorios.

Segundo acto: Las empresas inician su construcción, haciendo caso omiso de diversos procesos inconclusos para su autorización, la principal: el no consentimiento de las comunidades. Así inician la contratación y posterior cooptación de trabajadores y otros líderes comunitarios para colocarlos al frente de la defensa de estos proyectos y ponerlos contra sus vecinos comunitarios, aprovechando la falta de oportunidades y situación de pobreza de algunas de estas personas y sus contextos. Así logran la división y primeros enfrentamientos.

Tercer acto: Amenaza, coacción, persecución penal y hasta la muerte para quienes se oponen a los proyectos, complicidad con el Estado y sus fuerzas “públicas”; coacción o compra de jueces. Los grupos de seguridad privada de la empresa, realizan diversas intimidaciones e incitaciones contra la población. Se dan hechos de violencia y asesinatos, donde aparecen grupos armados, encapuchados, se dan disparos y se hiere a personas opositoras al proyecto.

Cuarto acto: Se da un “aparente enfrentamiento”, donde en los casos que las personas asesinadas son del bando a favor de los proyectos, se les imputa de las muertes a quienes se dicen estar en contra y esto es difundido por todos los medios posibles, los muertos del bando contrario no cuentan; frente a estos hechos acumulativos, son los propios comunitarios que dan la cara y piden intervención del Estado y fuerzas de seguridad.

Quinto acto: Luego de los llamados disturbios, se ejecutan Estados de sitio y excepción que con el tiempo logran dejar instauradas estructuras militares y policiales en vigilancia de estos proyectos. Se envían fuertes operativos, sin saber qué presupuesto lo permite, sabiendo la precariedad del Estado y en específico del Ministerio de Gobernación, que se ve obligado a enviar presos por transporte púbico a audiencias judiciales.

TELON, fin de la obra: No es casual que en estos territorios el terror sea parte de la memoria histórica y que muchas de las estructuras contra-insurgentes que funcionaron durante la guerra estén aún deambulando por estas zonas.

Rogelio, dirigente comunitario de Barillas Huehuetenango, al dirigirse a los juzgadores manifestó “… He sido una persona de escasos recursos, he peleado por los derechos de la Madre Naturaleza y por defender los recursos naturales he estado preso…”
Mientras Saúl manifestó: “Estar preso es un agravio para mi vida, me acusan de algo que no cometí. Mi intención ha sido siempre defender los derechos de la naturaleza…”

Estos testimonios evidencian las verdaderas causas del “escenario de enfrentamiento”, persecución y represión contra líderes y lideresas de estos movimientos de defensa de la naturaleza y sus territorios. El resultado, son víctimas de ambas posiciones, SI y NO a los proyectos extractivos y estas víctimas están en el mismo lado, todas son vidas perdidas, libertades y paz arrebatadas; imposición del escenario para el enfrentamiento.

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