Estado fallido o cooptado

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Una sociedad, dice la ciencia política, se organiza mediante reglas y estructuras para asegurar su sobrevivencia y desarrollo. Parte de sus creaciones es la instancia administrativa representada por el Estado que, por supuesto, incluye a la sociedad. El Estado se sostiene por medio de las contribuciones de cada persona ciudadana. Para ello, con base en el voto social se designan las personas responsables de los entes en los cuales se divide y organiza, según la doctrina política que le sustenta. Estado democrático, estado monárquico o teocrático incluso.

El estado democrático, teóricamente es el esquema organizativo que, en teoría, ha decidido la sociedad guatemalteca. De tal suerte que hay establecidos montos, condiciones y mecanismos para contribuir y tributar a fin de que existan los recursos necesarios para asegurar la prestación de los servicios a que se obliga el Estado. Educación, salud, comunicaciones, vivienda, recreación, seguridad, son entre otros, los principales servicios que en garantía de derechos ha de retribuir el Estado a la sociedad que le contribuye.

En la arena política internacional se discute sobre los términos adecuados para definir a los Estados incapaces de cumplir sus obligaciones. Desde la óptica de algunos organismos de crédito se intenta imponer el concepto de Estado fallido. Una calificación que abre las puertas para indicar que dicha organización social es incapaz de resolver la administración de sus asuntos y requiere de la intervención coercitiva internacional. La situación está marcada entonces por la incapacidad absoluta de quien administra y nombra, para garantizar el funcionamiento del aparato burocrático.

Guatemala ha venido fallando año con año en satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. De hecho, su situación de bienestar, ya de por sí limitada, se ha resentido a niveles de regresión. Así lo destaca la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), la cual señala que somos el único país en el continente en el cual ha crecido la población en situación de pobreza y pobreza extrema. De tal suerte que, satisfactores tales como empleo, vivienda, educación, salud, son inexistentes para una buena parte de la población.

Con base en ello, ante la total bancarrota del servicio público, la conclusión casi lógica es asumir que, en efecto, estamos ante un Estado fallido. Sin embargo, el que este Estado falle para la gran mayoría de sus habitantes no significa que falle para la totalidad. Y, considerarlo fallido sin más ni más, nos lleva a la trampa de no ver la situación real detrás del mismo. Es, en verdad, un estado cooptado por los intereses corporativos minoritarios pero perversos.

Al haber crecido y fortalecido sus redes de influencia desde la óptica del monopolio del poder, la élites criollas y sus derivadas han mantenido el control del aparato estatal. El ejecutivo ha servido para la administración de sus propuestas políticas en tanto que el legislativo desarrolla normativa que sostiene sus privilegios. En tanto, el sistema de justicia, que ahora realiza algunos tanes por la vía de la independencia, aún funciona al tenor de los criterios de privilegio elitista.

Es decir, el aparato sí funciona. Solo que no lo hace para beneficio de la sociedad en su totalidad y diversidad. Funciona únicamente para satisfacer los intereses de los grupos que han mantenido privilegios desde la fundación del Estado, basada en la evasión fiscal y el despojo fraudulento.

Y funciona en esas condiciones porque está secuestrado y cooptado por las élites, capaces de estrangular toda posibilidad de desarrollo y crecimiento con la cuerda de su voracidad, su ambición y su egoísmo.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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