Justicia lenta no es justicia

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La justicia es el camino y el indicador de la fortaleza democrática. Esa justicia que no discrimina y  que ofrece garantías procesales a todas las partes. Pero sobre todo, que resulta pronta y cumplida. Pronta, porque en tiempos prudenciales cumple con sancionar en nombre del Estado a quien ha cometido un delito. Cumplida porque sus resoluciones se aplican y llegan a representar uno de los tantos elementos de reparación hacia las víctimas.

Durante los 31 años de vigencia de la actual Constitución, que supone el inicio de la etapa de construcción democrática, dichos principios básicos de la justicia han estado lejos de ser reales. De hecho, han sumado esos 31 años a los transcurridos antes de 1985, luego de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

Los actos de genocidio, pese a que en 2014 (32 años después) fueron condenados, siguen sin tener justicia pronta y cumplida en los tribunales. La desaparición forzada de Marco Antonio Molina Thissen y el secuestro y violación de su hermana Emma, 35 años después continúan sin que se otorgue justicia. Las víctimas de esa gigantesca fosa clandestina en que se convirtió la  antigua zona militar de Cobán, son otro ejemplo de esta tónica.

De manera que la coincidencia en tiempo, de algunos en forma paralela y de otros consecutiva, no se debe una consigna contra la institución armada. Tampoco es una cruzada ideológica ni mucho menos, la intención de algún ser mitológico de revivir una confrontación armada que significó la muerte de más de 200 mil personas, la desaparición forzada de más de 40 mil y el desplazamiento de casi un millón.

Nadie con dos dedos de frente quiere volver a vivir el horror que significó el ejercicio del poder en nombre del terror contra la población. Nadie con dos dedos de frente busca “repetir el conflicto por otros medios”.

De allí que deviene en mucho más que perverso el intento por desacreditar el derecho de las víctimas a lograr justicia por las atrocidades que sufrieron a manos de representantes del Estado. Esos que estaban llamados a protegerles y a defenderles de cualquier agresión, fueron sus agresores. Esos que estaban obligados a defender sus vidas, se las arrebataron. Esos que tenían la obligación de respetar y cumplir la ley, la violaron. Esos que estaban obligados a cumplir las directrices humanitarias y de conducta ética de elementos de las fuerzas armadas, las tiraron al basurero.

Altos mandos y subalternos actuaron por igual. Todos sabían que podían hacerlo. Estaban confiados. Violaban la ley pero el sistema, su sistema, los protegía y les garantizaba impunidad. Y la disfrutaron a plenitud por más de tres décadas. Nuevas generaciones de jueces y fiscales fueron determinantes para que la memoria y la tenacidad de las víctimas encontraran el rumbo hacia la justicia.

Por eso acuden confiadas ante cada etapa de los procesos. Vienen con la esperanza cultivada a lo largo de los años, en espera de que las cortes escuchen su verdad. Esa que fue depositada en el cofre de la resistencia y del temor durante décadas y que hoy puede salir, no sin riesgos.

Ya se ve que las cohortes del terror siguen operando y continúan procurando impunidad. Tienen recursos para montar campañas millonarias para difundir el odio hacia las víctimas. Para tergiversar los motivos de su búsqueda de justicia y para negar, neciamente, la realidad de los hechos que sufrieron.

Un proceso, que a la revictimización que supone que se escuchen en los tribunales más de tres décadas después, añade la agresión que representa el accionar de sectores pro impunidad. De tal suerte que, pese a las tres décadas transcurridas, lejos de madurar, la endeble democracia de Guatemala en materia de derechos humanos sigue estando en pañales.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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