La amenaza de la impunidad

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El año que recién ha iniciado es crucial para Guatemala. Habrá elecciones generales y se renovarán autoridades políticas a todo nivel. Alcaldías, diputaciones y jefatura del ejecutivo serán renovadas según manda la ley, en comicios a realizarse en septiembre, luego de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en mayo.

En dicho proceso resulta esencial el conocimiento sobre el origen del financiamiento de las campañas y la forma en que los partidos políticos cubren sus presupuestos. Es un secreto a voces, por ejemplo, que quien busca tener control sobre decisiones en el ejecutivo o en el legislativo, distribuye dinero o recursos en los partidos con posibilidades de alcanzar espacios importantes en el control del Estado.

De tal suerte que los partidos políticos, si bien están llamados a ser un ente de interacción entre la sociedad y el Estado, en realidad se han convertido en meros gestores de políticas en función de quien paga sus campañas. De ahí que investigar el origen de las finanzas de los partidos políticos deviene en una necesidad fundamental para iniciar el proceso de rescate del sistema democrático, ahora en crisis profunda.

Un campo de acción fundamental, en el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tiene un papel que jugar. Un partido político que no tenga nexos o compromisos con entornos de opacidad no tendrá inconveniente en que su presupuesto de campaña y el de sus candidaturas, sea fiscalizado. Lejos de ello, tener como estandarte la transparencia desde la campaña será una herramienta valiosa de convencimiento al electorado.

En tal sentido, resulta preocupante que desde el organismo ejecutivo y, en particular desde la presidencia de la república se ponga límites o se busque la forma de socavar la posibilidad de ampliar el mandato de la CICIG. Al estilo ambivalente de Otto Pérez Molina, según él para no cargar el costo político de negarse a renovar el convenio para la entidad, se integrará una comisión para evaluarla. Ha indicado que la misma estará integrada por el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Gobernación (Mingob). Eso sí, el gobernante se ha apresurado a indicar que ninguna instancia de sociedad civil participará en dicha evaluación.

¿Qué espera obtener de su requerimiento a entes autónomos como el MP o de poderes supuestamente independientes del Ejecutivo como el Organismo Judicial? ¿Quiere que estos órganos le indiquen que no vale la pena renovar el mandato? ¿Está dispuesto a cargarle el costo político de su negativa a las autoridades de estos entes? ¿Están los representantes de los mismos dispuestos a cargar con la responsabilidad política de apañar la impunidad? Hasta donde van las cosas, pareciera que el sí es la respuesta a las interrogantes.

Con esta acción bajo la manga, el gobernante no solo favorece a su propio partido, ahora en suspenso, sino al resto de entes políticos en la disputa, pero muy particularmente a su presunto gran adversario, Manuel Baldizón Méndez. Como se ha podido apreciar en el último año, el supuestamente opositor partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) y el oficialista Partido Patriota (PP), en más de una ocasión se han amancebado cuando la impunidad es el botín.

A tal grado han sido sus arreglos que, en la designación de autoridades para la CSJ, tal y como fue revelado por medios periodísticos y denunciado por organizaciones sociales, ambos partidos acordaron la integración del ente encargado de dirigir el organismo judicial. Una integración que, obviamente, les resulta favorable a ambos partidos y, en particular, a sus líderes. De manera que, lanzarle a estas instancias la evaluación de la CICIG viene a ser algo así como poner al lobo hambriento a cuidar el rebaño. Menudo desafío tienen entonces, para probar ante la sociedad que son independientes y que consideran vital el servicio de la comisión en un año en el que el monitoreo a las finanzas de los partidos políticos es vital para la reconstrucción democrática.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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