La deuda de la prensa

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En una ocasión durante un seminario sobre ética periodística, una docente chilena cuestionó al grupo con una anécdota y a la pregunta sobre qué harían. Su narración iba más o menos de esta manera: “Ustedes están en la redacción de un medio y su jefe les llama para cubrir una emergencia. Les informa que hay una persona que fue detenida en el aeropuerto pues al registrarle descubrieron que llevaba droga en dos maletas con doble fondo. Ustedes llegan al aeropuerto y, oh sorpresa, resulta que la persona capturada es nada más y nada menos que su mamá. ¿Qué hacen?”.

Las discusiones se desarrollan en torno a quienes, afirmando ser absolutamente objetivos u objetivas, aseguran que no les importará ser retoños de la detenida. Que cubrirán la nota como corresponde y dirán “la verdad de los hechos”. Pocas voces en el grupo indican que no cubrirán la nota, aunque no dicen qué más harán.

Luego de reunir los diversos argumentos la docente conduce la discusión al respecto de que la regla en la conducta humana indica que no hay manera de cubrir la nota con las exigencias de las reglas del periodismo y mantener intacta la relación con la madre detenida. La “objetividad” no existe, menos en este caso.

La recomendación al final es que, en tales circunstancias, el o la reportera debe comunicarse con sus jefes de inmediato, pedir licencia para ausentarse de la redacción, aconsejarle a la madre que no hable y menos con la prensa y, por supuesto, conseguir una adecuada defensa. Eso es lo sano para no dañar los intereses esenciales del quehacer periodístico y que se vinculan con la responsabilidad de ofrecer al púbico la información sin contaminaciones de índole alguna.

Lo anterior viene a colación por cuanto en las actuales circunstancias puede afirmarse que muy probablemente más del 60 por ciento del público usuario de la prensa nacional sale afectado por los hechos recientes. Por un lado, el consorcio Albavisión que controla toda la televisión abierta (cuatro canales, buena parte de la distribución de televisión por cable, una tercera parte de las frecuencias de radio a nivel nacional, está señalada de lucrar ilegalmente con fondos públicos luego de sobornar a dirigentes políticos. De ahí que la esposa de su propietario, Ángel González, tenga orden de captura internacional en tanto el hoy diputado Rabbé, rostro visible nacional del consorcio, enfrenta antejuicio por las mismas razones.

En otro orden, Erick Archila Dehesa, ex ministro de Energía y Minas del gobierno del Partido Patriota, también tiene orden internacional de captura y, al no presentarse y estar fuera del país, adquiere la calidad de prófugo. Archila es directivo del Grupo A que posee la propiedad de Canal Antigua, Diario Digital, Revista ContraPoder y hace parte del consorcio propiedad de otra tercera parte del espectro de la radio nacional. Cabe indicar que otro miembro de la familia, Raúl Dehesa Oliva, está vinculado a proceso por el hallazgo de las 565 osamentas en la antigua base militar de Cobán.

Un comunicado de los distintos medios vinculados a Erick Archila afirma que cubrirán las notas relacionadas con el caso, independientemente de su contenido. De igual forma, todos los medios del conjunto Archila, difundieron un comunicado suscrito por este, en el cual afirma que está fuera del país por razones de salud. En tanto, el grupo Albavisión, por el contrario, ha guardado silencio al respecto del rol de Luis Rabbé, aunque sostuvo una campaña previa en contra de los operadores de justicia que le investigaban. Fuera de esto, no han difundido información que dé seguimiento al tema que los involucra como medios en los actos de corrupción.

Solo el tiempo puede dar paso a evidenciar si las afirmaciones del Grupo A se cumplen y dan a conocer la información a pesar de que afecta a uno de sus personeros. En todo caso, antes del escándalo ya había cuestionamientos a la línea editorial y a la credibilidad informativa de los mismos. Mientras tanto el daño ya está hecho y una mayoría del público usuario de tales servicios informativos ha recibido un producto contaminado lo cual vulnera el inalienable derecho de la sociedad a estar informada con veracidad.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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