La institucionalidad hipócrita

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Ovidio ParraPor Ovidio Parra

La institucionalidad se define brevemente como un conjunto de instituciones y normativas que regulan el comportamiento ciudadano. La hipocresía tomando el concepto de la RAE (1) es un fingimiento de cualidades contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.
Brevemente se puede vislumbrar lo que como “institucionalidad” conocemos en este país, en lo que cada vez consideramos como ilegitimo aunque siga siendo legal. Si bien tenemos una cantidad de normativas para regular nuestro comportamiento tanto a nivel individual y colectivo, lo cierto es que serán pocos los círculos e individuos que sienten confianza en cómo funcionan las cosas.

En Guatemala hemos despertado, a través de la CICIG tuvimos una sacudida, un espabilamiento que nos hizo reaccionar, avivarnos ante lo que sabíamos que estaba ahí, pero que no actuábamos. Mucho del problema de la impunidad radicó en ese sentimiento de incapacidad de actuar frente al perverso sistema.

Y digo perverso, porque a través de los años el descaro del saqueo del Estado y el aumento de la impunidad se percibía en aumento, espero que siga así y que las instituciones de justicia funcionen para equilibrar la balanza al propio sistema y funcionarios corruptos.

La “institucionalidad” es hipócrita, puesto que no trabaja para toda la sociedad. Si bien en materia legal las normas están escritas, la legitimad para actuar bajo el amparo de ellas se ha ido perdiendo. Esta pérdida podrá no solo ser debido a la inconformidad social y ciudadana porque ya no creemos en el sistema, sino también porque los funcionarios y corruptores que voltean o manipulan el sistema para beneficiarse de él; y aún sobre eso, las autoridades encargadas por equilibrar la balanza de justicia tampoco funcionan bajo un marco que legitime sus decisiones frente a la ciudadanía.

El sistema sigue siendo perverso, puesto que viéndolo así la “institucionalidad” funciona solo para aquellos que se aprovechan del sistema para satisfacer sus propios intereses o gremiales, como el caso de “La Línea”.

El miedo percibido de perder la institucionalidad es evidente, pues ya no podrían seguir enriqueciéndose, ni saltándose la legalidad para salir favorecidos, aprovecharse. De nuevo se cae en la idea de la legitimidad, ¿Para qué siguen los funcionarios en sus puestos? En el caso preciso de OPM, ¿De qué le sirve seguir si los últimos sondeos le dan alrededor de 80% de desaprobación? ¿Para qué gobernar cuando la mayoría no lo queremos? No representa nada para nosotros más que el rostro de la corrupción, algunos funcionarios de la CSJ y de la propia CC (Corte Celestial) representan el rostro de la impunidad, por eso los movimientos que rechazan la impunidad, corrupción e injusticia deben continuar.

Ha habido muchos fallos controversiales que han hecho pensar de esta forma, en pro del Status Quo. Queda en manos del Congreso de la República salvaguardar la “estabilidad” del sistema o escuchar el clamor soberano exigiendo la renuncia y dando lugar a la justicia que tanto añoramos.
No soy experto en leyes, pero siempre me ha quedado la duda sobre esto, si existe un proceso legal de antejuicio –con todos sus componentes– y el proceso de renuncia también es legal, siendo esto un proceso dentro del marco legal ¿Por qué se perdería la institucionalidad? adicional a esto se puede agregar la ilegitimidad con que OPM gobierna ante la población.

Entonces concluyo que mientras haya impunidad, habrá desobediencia civil.

(1) Real Academia de la lengua española

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