La pócima de la impunidad

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Ahora que hablar de fórmulas mágicas está de moda, no cabe duda de que el gobierno tiene la receta para la impunidad. Los actuales funcionarios actúan con la certeza absoluta de que no habrá consecuencias por las ilegalidades en su gestión. Saben que no han invertido por gusto en la cooptación del sistema de justicia, pues los réditos están visibles y quieren ir por más.

Empezaron por asentar sus reales en la entidad que tendría el mandato constitucional de perseguirles penalmente. De tal suerte que, sin miramientos se saltaron la ley y lograron reducir en siete meses el período constitucional de la anterior jefa del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz. Nada importó los avances en la reducción de los índices de impunidad (23 por ciento en solo tres años), ni la mejoría en el método de gestión penal. Lo que al autollamado Partido Patriota (PP) y su gobierno le interesaba era asegurarse de que no habría ulterior persecución por sus delitos.

En tal sentido, era también necesario tener control de la institucionalidad responsable de la administración de justicia. Así la cosas, en concubinato con su aliado natural, el falso partido opositor Libertad Democrática Renovada (LIDER), acordaron la repartición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones (SA).

Los siguientes pasos incluyen garantizar el control de la Corte de Constitucionalidad (CC) y asegurarse la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). Para lo primero, controlarán la designación de los magistrados del Congreso (repetiría Alejandro Maldonado Aguirre), el Ejecutivo (quien designaría a Héctor Hugo Pérez Aguilera), en tanto que Roberto Molina Barreto se habría asegurado la designación de la CSJ mediante la resolución que dio luz verde al nombramiento de esta. En el caso de la designación que corresponde a la Universidad de San Carlos (USAC), habría ya pláticas para asegurar la llegada de Boanerges Mejía, ex decano de la Facultad de Derecho de esa casa de Estudios. El representante del Colegio de Abogados y Notarios, aunque no fuese del “equipo”, estaría en minoría aún cuando se aliara con el de la USAC. La troica de la impunidad estaría asegurada para repetir en la CC.

En cuanto a la CICIG, el mecanismo que se inventó Otto Pérez Molina es el de la comisión que evaluará y presentará un informe que orientará sobre el camino a seguir: solicitar o no la ampliación del mandato que vence en septiembre. Las voces mayoritarias, incluida una encuesta nacional, se inclinan por la ampliación del mandato. Esta última refleja que un setenta por ciento de las personas encuestadas está en favor de la ampliación del mandato. Una opinión que ningún político debiera dejar de escuchar en año electoral.

Sin embargo, las necesidades de impunidad son tales que pese al desgaste político de la negativa, esta opción sigue seduciendo al jefe del Ejecutivo, Otto Pérez Molina. A tal grado que, se ha filtrado que la decisión está tomada y que el general presidente aprovechará el descanso de Semana Santa para lanzar la noticia, con la esperanza de que el ayuno cuaresmal evite reacciones inmediatas y luego del descanso el tema se haya olvidado.

Así las cosas, o Pérez Molina es muy creyente y espera un milagro con la llegada de la resurrección o ha engordado su cuero para que no le importe la valoración social sobre su gobierno. Pocos, sino inexistentes, son los miembros del PP y funcionarios a la vez, que estén libres de sospecha. Ya no digamos de procesos iniciados por acciones ilegales. Basta nombrar, por ejemplo, a tres de sus más importantes mascarones de proa como son el diputado Gudy Rivera y al mandatario legal del partido, Vernon González, a quienes les evitaron el antejuicio por tráfico de influencias hacia la ex magistrada Claudia Escobar. Igualmente el caso de la diputada por Huehuetenango, Emilennee Mazariegos, quien negociaba plazas en el sistema de salud. En ambos casos la evidencia es contundente por cuanto hay grabaciones que documentan los hechos. Pese a ello, los congresistas del PP están libres de antejuicio merced a resoluciones frívolas de las cortes que han conocido los casos.

El escándalo más reciente es el otorgamiento de un contrato millonario a la empresa M. Tarcic Enginnering Ltd, para que “limpie” el lago de Amatitlán con una fórmula mágica, inventada por Hanan Elraz, recomendado del embajador de Israel en Guatemala. De concretarse este plan, no sería el único negocio turbio con pretensiones de transparencia que realiza el actual gobierno.

Por el contrario, sería uno más de los hechos que les llevan a “ invertir” en impunidad y en hacer uso de la fórmula que les ha dado resultado hasta ahora: compra de voluntades para asegurar control del sistema.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

2 comentarios

  1. Gracias por sus textos! Aunque creo ya a éstos entes, el ponerlos en evidencia ya nos les importa. Hace ya rato q

  2. Lo siento, se me fué el mensaje anterior sin terminar. Decía que éstos hace ya rato que se re pasaron del límite. Ojalá que algúna organización internacional los investigue y los meta a la cárcel el resto de sus vidas. Organización de fuera, porque dentro de Guatemala reina la impunidad y la corrupción desmedida. Se ha perdido la esperanza.

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