La voz de la dignidad

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La imagen es una foto de la página de Snuq’ Jolom Konob, la radio comunitaria de Santa Eulalia. tomada del sitio www.jolomkonob.com

Al inicio de la audiencia el juez preguntó la ocupación de don Rigoberto Juárez, líder maya q’anjob’al injustamente procesado. Con la voz pausada y en su idioma materno, el presidente del gobierno plurinacional respondió: “Soy defensor del pueblo”. El señor Domingo Baltazar, también injustamente retenido, informó que su ocupación es ser agricultor. Ambos son líderes q’anjob’ales y ambos han sido llevados a los tribunales, precisamente, por ejercer ese liderazgo.

Y con esa dignidad gigantesca enfrentaron al tribunal en la audiencia de primera declaración, en el marco del segundo proceso, de más de diez denuncias planteadas que les han montado. Desde el inicio hay anomalía en el juicio puesto que los hechos denunciados han sido ilegalmente atribuidos a los líderes comunitarios. En un proceso de persecución y criminalización del liderazgo que ha significado durante el actual gobierno, el encarcelamiento y procesamiento ilegal de cerca de 20 dirigentes del norte de Huehuetenango.

El día de la audiencia la plástica del tribunal hacía imaginar las cortes durante la conquista, la colonia o la inquisición. La parte acusadora incluía la incorporación de un presunto agraviado, el alcalde municipal de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro, como querellante adhesivo. El juez a cargo, Otto Felipe Vásquez, aceptó la incorporación de Marcos Pedro en forma provisional. Previo a dicha aceptación los documentos de identidad habían sido puestos a disposición de Vásquez.

La defensa de los líderes injustamente procesados requirió que se presentara la documentación del alcalde incorporado como querellante. Para sorpresa de los requirientes, el documento que Diego Marcos Pedro introdujo como prueba de identidad era un carnet extendido por la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), vencido en diciembre de 2014. En ningún momento presentó documento válido para tal efecto ante una corte, como el Documento Personal de Identidad (DPI) o cédula de vecindad (usada en casos en los que ha sido imposible obtener el DPI). Ni siquiera licencia de conducir. Tan solo, un carné de “un club privado de alcaldes”, como definió el defensor Sergio Beltetón. Pese a la protesta fundamentada el juez mantuvo al alcalde como querellante.

Luego, el representante del Ministerio Público dio lectura a las imputaciones y mencionó los nombres de los agraviados. Entre estos figuran dos laborantes del tribunal -incluido el secretario-, que dirige el juez Otto Felipe Vásquez, el mismo que requirió las órdenes de captura y ante quien comparecían esa mañana Rigoberto Juárez y Baltazar Domingo. El secretario de un tribunal es quien tramita las ínstrucciones el mismo, envía citaciones y procesa toda la documentación del juzgado.

¿Cuánta objetividad puede tener una persona en cuyas manos estarán las gestiones, documentos y desarrollo de un proceso en el que es acusador? ¿Cuánta imparcialidad puede mantener un juzgador cuyos laborantes, con quienes convive como mínimo ocho horas diarias durante cada día de la semana, son a la vez acusadores en un proceso que conduce? ¿Cuál garantía de independencia puede ofrecer un tribunal en estas circunstancias? ¿Por qué el Ministerio Público tolera, acepta y fomenta esta situación al no señalarla?

La disyuntiva para defensores y defendidos es enorme y dolorosa. Callar estos hechos para buscar una salida inmediata o señalar tamaña anomalía aunque represente un sacrificio. El primero es un camino marcado por la necesidad y derecho humano e inalienable a la libertad. El segundo, que implica seguir en prisión hasta nueva orden, es la ruta que traza la dignidad y que se transita a un enorme costo físico y de saludo, moral y económico.

Defensores y defendidos optaron por la segunda y plantearon recusar al juzgador a quien incluso ilustraron sobre los fallos en la audiencia. A regañadientes el juez Velásquez se excusó de conocer, no porque entendiera lo incorrecto de su posición sino porque se dudaba de su imparcialidad.

De manera que toca a la sala correspondiente designar un nuevo juez para que se llegue a la audiencia de primera declaración de este proceso. Queda por resolver en el camino las otras acusaciones, todas amañadas y organizadas para asegurar que se mantengan en prisión quienes resultan incómodos para el sistema.

La voz de la dignidad, surgida de Rigoberto Juárez y Baltazar Domingo, se unen al ejemplo de entereza y valentía de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, así como a los otros líderes huehuetecos que están en prisión. Esa voz ha planteado no solo que su ocupación es defender los derechos del pueblo sino que también ha dado un ejemplo ante un tribunal al que la toga le queda grande.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

1 comentario

  1. Carlos Obregón on

    NO ¡ La toga les queda corta ¡ Diminuta !!!
    Y es transparente. Deja ver la inmundicia y la desvergüenza. La falta de pudor .
    En esa toga está escrito el precio de los despreciables, los sin valor.

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