Las varas de la justicia

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Las reglas de la corte obligan a guardar silencio mientras el tribunal comunica su sentencia. Y aún así  el silencio  puede escucharse en la impaciente y acumulada ansiedad de las y los presentes. Han venido de todas partes del país y más allá. En especial de las regiones en donde está presente la organización comunitaria de los pueblos mayas. Hay presentes mayas quiché, q’eqchí, pocomam, xinca, mam y, por supuesto, q’anjob’al, pueblo del cual forman parte casi todos los procesados que escucharán la sentencia ese día.

Han permanecido en prisión, algunos por más de un año, otros un poco menos. Todos, encarcelados en el centro preventivo de la zona 18, a más de 400 kilómetros de su tierra natal. En un separo que los alejó de su familia, de su tierra, de su pueblo, por la injusta acusación nacida de un pacto conspirador.  Por hechos ocurridos en Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, en el Norte de Huehuetenango, siete hombres, autoridades ancestrales comunitarias, fueron procesados sin base legal. Se les ligó a proceso, se ordenó la apertura a juicio y, finalmente, la noche del 22 de julio de este año escucharon que se ordenaba su libertad inmediata.

Ni quien les acusó ante el Ministerio Público (MP), ni el mismo ente responsable de la persecución penal cumplió con las exigencias del proceso. No individualizaron las acusaciones, lo cual es indispensable para alcanzar una condena. Hubo contradicciones fundamentales en los testimonios y, de hecho, se comprobó que varios testigos de la acusación mintieron. La mentira resultó ser, en esencia, la base por medio la que se armaron los tres casos que luego fueron unidos en un solo proceso.

Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Francisco Juan Pedro, Ermitaño López Reyes, Mynor Manuel López, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo, sufrieron la etapa final de la conspiración contenida en la trama urdida en su contra. Con el patrocinio de la empresa Hidralia Energía (de capital español) cuya concesionaria local es Hidro Santa Cruz, los fiscales distritales de Barillas y el Juez de Paz en Santa Eulalia, se coludieron para impulsar el proceso penal.

En un período en el cual el Consejo del MP no estaba integrado y por lo tanto no se podía destituir a fiscales y auxiliares fiscales que lo ameritaban, el traslado era la única opción para romper los eslabones en la cadena de corrupción. Esa circunstancia habría sido clave para que los fiscales en el distrito en cuestión optaran por servir a los intereses de la empresa antes que a los de su mandato institucional. Sumado a ello, la convicción racista y discriminadora de dichos funcionarios, fueron los ingredientes básicos para el montaje judicial.

Se trataba de “castigar el atrevimiento” de quienes osaban hablar en nombre de un pueblo que les había designado como sus autoridades. Según publicó Prensa Comunitaria, el obispo Álvaro Ramazzini denunció que uno de los representantes de la empresa lo indicó, en 2013: “Por ser los lideres, por eso los estamos acusando”. Un discurso que reproduce la lógica de la encomienda que ha nutrido por siglos la ideología racista, misma que reprodujo el juez Gerbi Sical, quien al explicar el voto mayoritario (con la disidencia de la presidenta del juzgado, Yasmin Barrios), prácticamente regañó al mejor estilo de capataz a los líderes que finalmente recobraron su libertad.

Solo que los tiempos de la encomienda  o de la inquisición como consignó la jueza Barrios, están acabados. Ahora la autoridad de la varas en alto, de los pueblos que defienden la vida al defender el territorio, es reconocida por los tribunales. Mucho queda aún por superar y avanzar en la ruta para abolir el racismo y la discriminación de nuestras vidas. Mucho debemos a los siete líderes encarcelados, a los que aún están en prisión, a sus familias y a sus pueblos. No más liderazgo sometido a prisión por ejercer sus derechos. No más familias separadas y castigadas por la voracidad empresarial y la corrupción de funcionarios del sistema de justicia.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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