Los límites de la CICIG y el MP

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La acción de la CICIG y el MP contra “La línea” a principios del año pasado fue el desencadenante que terminó con la caída del gobierno de Pérez Molina y que llega hasta el proceso en el que se encuentra él y Roxanna Baldetti (con toques de novela sentimental suministrados por los medios), así como otras figuras representativas del jet set político de ese momento.

Ha permitido, además, destapar otros graves casos de corrupción que documentan (porque lo cierto es que ya lo imaginábamos) la extensión de la corrupción en las instituciones del Estado y en otras conexas, como empresas que evadieron algunos cientos de millones en impuestos.

Por supuesto que esto es bueno y hay que apoyarlo. Pese a que sea originado parcialmente en las necesidades de la política norteamericana, coincide con la necesidad de contar con cierta institucionalidad básica que pueda funcionar decentemente.

No es una “producción ciudadana”, pero combatir los casos más importantes de corrupción es un proceso necesario. Pone freno a la voracidad de actores que se han enriquecido o perpetuado sus ganancias a través del Estado.

Pero esto es tan solo una parte de lo que hay que hacer. En los momentos de mejor forma de las protestas del año pasado, se veía la necesidad de cambiar algunas reglas de juego básicas que perpetúan las bases de la corrupción política (aspecto que las reformas en el Congreso no parecen combatir), deseando algunas transformaciones.

En otras palabras, al momento tenemos acciones necesarias de CICIG y el MP pero limitadas por la extensión de la corrupción, cambios cosméticos en el Congreso y la ya evidente y palpable desorientación del ejecutivo (que, no obstante, trabaja para ciertos intereses como los de los grupos de militares) que se dedica a enviar mensajitos en redes sociales, aparecer en escuelas y no a presentar un plan de gobierno, que nunca tuvo y no va a tener.

No es necesario pensarlo mucho para advertir que, entonces, lo bueno que se puede estar haciendo a nivel de persecución judicial de la corrupción, debería ser completado en un nivel político, lo que necesita un sujeto político que lo lleve a cabo.

Ese sujeto político no puede ser ni el partido gobernante, ni el Congreso, ni la CICIG-MP. ¿Entonces quién?

Pues nosotros, organizados. Lo que puede ofrecer la protesta ciudadana es cierta presión para que los cambios se encaminen en la dirección que se necesita. Los cambios no se producen solos, hay que luchar por ellos.

Queda cierta sensibilidad, cierto cambio en la imaginación política, cierto deseo de organización desde las protestas del año pasado. ¿Sabremos aprovecharlas o nosotros fuimos de quienes se aprovecharon?

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Mariano González

Psicólogo errante por otros campos y quizás errado. Ha llegado aquí por azares del destino y haber recibido privilegios inmerecidos, como comer los tres tiempos. Perpetra algunos artículos y ensayos. Fascinado con la imagen del ángel de la historia de Walter Benjamin, intenta (sin saber si bien), seguir la exhortación de "pasar por la historia el cepillo a contrapelo".

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