Los motivos perversos de Arenales Forno

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En la segunda semana de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), hizo pública la resolución en la cual amonesta al Estado guatemalteco por desacatar sus resoluciones. Dicha medida es el resultado de las deliberaciones de los jueces interamericanos, luego de la audiencia de Supervisión conjunta de once casos, entre los que destacan los de Mack Chang, Bámaca Velásquez, Molina Theissen, las Masacres de Plan de Sánchez y Dos erres, entre otros.

La corte resolvió que “Que la posición asumida por Guatemala durante la audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencias celebrada el 16 de mayo de 2014, ante el pleno de este Tribunal, constituye un acto de evidente desacato del Estado respecto de la obligatoriedad de las Sentencias dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, en los términos expuestos en los Considerandos 5 a 18 de la presente resolución” (la resolución completa puede consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/11_Casos_21_08_14.pdf)

El Estado de Guatemala estuvo representado por una delegación que encabezó el abogado Antonio Fernando Arenales Forno, Secretario de la Paz (SEPAZ) y Presidente de la Comisión presidencial encargada de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH). En su alegato, Arenales Forno afirmó que las valoraciones de la CorteIDh al respecto de las violaciones a Derechos Humanos son, “inaceptables”.

Una conducta que, durante el actual gobierno, el hoy jefe de la SEPAZ y COPREDEH ha mantenido en cada comparecencia ante instancias internaciones de Derechos Humanos. Instancias a las que acude porque el Estado de Guatemala es signatario de dichos tratados y, por lo tanto, está obligado al acatamiento de los principios que rigen los convenios respectivos y las resoluciones emanadas de los mismos.

Ya sea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o ante a CorteIDH, la actitud del ex diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y eterno embajador de Guatemala, ha sido la misma: desconocer la jurisdicción del sistema Interamericano de DHH.

De manera que, ante la resolución más reciente de la CorteIDH en la cual se expone el desacato liderado por Arenales Forno cabe preguntarse, ¿cuál será el siguiente paso de quien llegó a la SEPAZ a clausurar los Archivos de la Paz o que en Enero 2013 intentó desconocer la jurisdicción de la CIDH mediante un fallido acuerdo gubernativo.

Arenales Forno, quien ha sido persistente en su actitud negacionista del genocidio y la responsabilidad del Estado en graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, no es cualquier funcionario. Es un abogado proveniente del entorno de la intelectualidad orgánica –como definiría Marta Elena Casaus a los profesionales impulsores del pensamiento oligarca–, que se ha enquistado en el servicio exterior. Alguien que marca la línea de acción del Estado en materia de tratados internacionales sobre Derechos Humanos, desde la óptica de la contrainsurgencia.

En tal sentido, lo más probable es que Guatemala no solo siga desatendiendo las resoluciones del Sistema Interamericano de DDHH sino que se encamine, bajo el sórdido consejo de Arenales Forno, a la denuncia del Pacto de San José y con ello al aislamiento del mismo. Un aislamiento que no es nuevo pues, por la acción represiva de los años setenta y ochenta del siglo pasado, los gobiernos militares empujaron al país al aislamiento internacional.

El entorno político militar que hoy gobierna busca que no haya miradas ajenas ante el inminente incremento de la arbitrariedad y la represión contra el movimiento social, popular y de derechos humanos. Incluso en contra de la oposición política en ciernes.

De tal suerte que corresponde denunciar públicamente esta intención perversa y señalar con nombre y apellidos a los responsables de esta intención. Lejos de aislarse, Guatemala debe permanecer en el Sistema Interamericano de Derechos Humano, pues el sistema nacional de justicia continúa en manos de la corrupción, el crimen y la impunidad.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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