No estamos todos

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Casi medio siglo después, México vuelve a estremecerse en octubre. El 2 de octubre de 1968, en el apogeo del movimiento estudiantil pro reforma, el ejército mexicano arremetió contra los manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Un crimen de Estado del cual se responsabiliza al gobernante Gustavo Díaz Ordaz y su secretario del interior y luego mandatario, Luis Echeverría. Tlatelolco es una herida abierta en la memoria de las y los mexicanos.

Y sin que esta herida haya cerrado, el corazón de México vuelve a sacudirse de dolor e indignación. La frase, “No estamos todos, nos faltan 43”, es el vivo reclamo por los estudiantes normalistas desaparecidos hace más de un mes. El 26 de septiembre, en el marco de una arremetida policial, se produjo la tragedia.

De acuerdo con las versiones recogidas por la prensa, los buses en los que se transportaban los estudiantes hacia el internado en Atzoniyapa, en donde estudian magisterio, fueron blanco de disparos de la policía de Iguala, Guerrero. En el ataque murieron seis personas, una de las cuales mostraba señales de tortura, en tanto que otras 17 resultaron heridas. En el primer momento la cifra de desaparecidos era de 58. Luego, aparecieron 15, uno de ellos muerto. Los otros 43 son los que están desaparecidos.

Las declaraciones de los sobrevivientes indican que luego de la agresión policial, las fuerzas de seguridad detuvieron los buses, capturaron a los estudiantes y, finalmente los entregaron a escuadrones del crimen organizado, que se hacen llamar Guerreros Unidos. Las mismas versiones apuntan hacia José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, como responsables intelectuales de los hechos. Según publicaciones de Carmen Aristegui, de la cadena CNN México, Pineda habría exigido a la policía del lugar que detuviera a los estudiantes, temerosa de que estos le aguaran la fiesta de la presentación de su informe como presidenta municipal del programa Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En las investigaciones se han descubierto seis fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron 30 cuerpos con señales de quemaduras en vida. En un primer examen se descartó que fueran de los normalistas desaparecidos. No obstante, las autoridades esperan el resultado de los análisis que realizarán antropólogos forenses argentinos. Si se comprueba que dichos cuerpos pertenecen a los normalistas desaparecidos, se confirmaría la versión del sacerdote Alejandro Solalinde, quien ha aseverado este extremo sin que las autoridades lo escuchen.

De hecho, esa actitud de indiferencia es lo que más cuestionan las y los mexicanos al gobierno federal presidido por el priista Enrique Peña Nieto. Ya sea porque sí sabe qué sucedió, lo cual lo hace directamente responsable, o porque carece de información, lo cual lo pinta como un inútil e incapaz de garantizar la vida de las y los mexicanos.

Este hecho criminal ha golpeado no solo a las familias de los jóvenes desaparecidos. Si bien los padres de los estudiantes encabezan las acciones de reclamo, el país entero parece levantarse, como en el legendario octubre del 68, contra la violencia estatal.

En el marco de la sangrienta y fracasada guerra contra el narco, México es percibido como un país violento y de alto riesgo. Sin embargo, el manejo mediático de los datos, basados en el índice global de homicidios por cien mil habitantes, le reduce a una cifra manejable estadísticamente. De ahí que la capital del país, el Distrito Federal, tan alejado del foco de la violencia, no necesariamente perciba el impacto de la acción criminal y del rol que en las muertes juegan las fuerzas de seguridad.

Ha tenido que producirse un crimen de la magnitud de una desaparición masiva para que la sociedad se movilice y cobre conciencia colectiva del sentido de la violencia y de la dimensión de la tragedia. De las calles de Iguala en Guerrero, las marchas han llegado ahora a casi todas las capitales estatales y, por supuesto, al Distrito Federal y más allá de las fronteras. Es imposible que el estado mexicano se sustraiga de la responsabilidad por este crimen.

En octubre nuevamente, México se estremece y reclama por la vida de sus jóvenes. Le reclama a un estado, pero en particular, a un gobernante que se ha mostrado ajeno al dolor de las familias y a la indignación de la sociedad. Por eso afirman los marchistas, “No estamos todos, nos faltan 43”. Y faltan no solo a sus familias o a sus compatriotas, nos faltan a todas y todos, como nos faltan las y los desaparecidos de siempre.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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