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El domingo 4 de diciembre, en la sección llamada El Peladero, el matutino ElPeriódico dedica por lo menos tres de sus notas al ejército de Guatemala. En una lectura integral, las tres notas sugieren una situación de extrema gravedad dentro del desempeño institucional de las fuerzas armadas en Guatemala.

Una de las notas afirma que la Dirección de Inteligencia Militar (D2), mantiene una especie de “cacería” interna, en contra de personal de auditoría que habría alertado sobre manejos corruptos de los fondos públicos. Una circunstancia que la misma nota atribuye al descubrimiento de varios millones de quetzales, en efectivo, en instalaciones militares.

Las otras dos notas aluden a la concesión del grado de capitanes a cinco civiles que no han cursado estudios militares. Una facultad contenida en la Ley Constitutiva del Ejército permite que por razones laborales, ya sea en rama profesional o técnica, una persona civil puede ser asimilada a un grado oficial. Por lo tanto, la designación de estos no sería, teóricamente nada fuera de la ley. Sin embargo, la preocupación surge cuando la nota indica que, además del grado de capitanes, los civiles asimilados tendrán la potestad de portar armas de uso militar, así como credencial. Destaca que uno de los incluidos es Juan Pablo Urrea, ex diputado por el casi extinto Partido Patriota (PP), sospechoso de acciones de corrupción de dicho régimen. Urrea aparece en una foto con el uniforme de fuerzas especiales kaibil.

En el primero de los casos, la cacería de la D2, es una práctica que ha sido relativamente constante en el Ejército. Sus orígenes datan de los años 80, cuando gobernaba Fernando Romeo Lucas García. Período en el cual el hermano del gobernante y hoy procesado por delitos de lesa humanidad, Benedicto Lucas García, ocupaba la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército. De acuerdo con historiadores militares, en esa etapa, los oficiales militares no podían reunirse “ni para un bautizo”. Cuentan que con el pretexto de prevenir supuestas filtraciones a la insurgencia, literalmente “les caían” cada vez que se enteraban de algún encuentro de dos o más oficiales.

Sin embargo, las versiones más certeras, explican que el método en realidad se utilizaba para impedir conspiraciones internas. Mismas que finalmente no lograron evitar puesto que, en marzo de 1982, un grupo de oficiales complotó con civiles de derecha y derrocó al régimen luquista. El poder lo asumió una junta encabezada por José Efraín Ríos Montt, sentenciado por genocidio. La llegada de un nuevo gobierno lejos de cancelar, mantuvo y amplió el rol de la entonces G2 hoy D2, en la vigilancia interna y el control de las labores de oficiales jóvenes. Ahora, al parecer, en aras de mantener un alto grado de “lealtad” política al entorno del gobernante, los recursos de la inteligencia militar, pagados con nuestros impuestos, se emplean en acciones de espionaje y control interno con fines espurios.

Una situación que también se repite en la designación caprichosa de oficiales asimilados. De acuerdo con la nota periodística, el grupo asimilado con el grado de capitán, se auto denomina “Capitanes kaibiles de krav maga” (sic). Probablemente en alusión al sistema krav magá, del hebreo que significa combate de contacto y que fue creado como sistema de defensa por el húngaro Imi Lichtenfeld. El sistema fue adoptado por las fuerzas de seguridad israelíes en 1978.

En Guatemala funciona una academia que se hace llamar Comando Kaibil Krav Maga, conducido por Francisco Ballesteros Guzmán. En el sitio oficial de esta entidad se afirma que esta cuenta “la autorización de Moni Aizik, para la organización de cursos especializados para fuerzas de policía y unidades de elite (sic) del Ejercito”. Reporta haber recibido entrenamiento de fuerzas especiales en Guatemala.

Si los civiles asimilados como capitanes lo son por el servicio técnico que prestaría esta escuela privada, el Ministerio de la Defensa está obligado a transparentar dichos contratos y las razones del mismo. De igual forma, aclarar si, como señala El Periódico, Urrea está entre estos oficiales.

En todos los casos, es menester que entidades como la Procuraduría de Derechos Humanos e incluso el Minsiterio Público. Determinen si en las situaciones denunciadas por el matutino hay indicios concretos de formación de grupos paramilitares que caerían también en la categoría de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), así como el rol de la D2, en vigilancia y control más allá de las indispensables acciones de contrainteligencia para protección de la seguridad en la nación.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

1 comentario

  1. Como siempre Doña Iduvina Hernandez, la FELICITO por sus articulos. y claro este en particular que me viene a recordar un MUY LAMENTABLE suceso que mi Señor Padre sufrio en 1967, Cuando un grupo de estos militares lo “SECUESTRO” , llevandolo a la fuerza a Matamoros, y todo porque mi Señor padre el Lic. Adalberto P. Echeverria habia trabajado como Magistrado con el Gobierno de Arbenz, y tambien por haber sido DIPUTADO en dos ocaciones anes de 1954. El dia del Secuestro una vecina me aviso que lo llevan en un carro , que YO logre verlo, para correr y ver por donde iva, y logre ver que iva en direccion de Matamoros desde la esquina de la 1a Calle por la Candelaria, y asi fue como principie a ver como lo localizaba, y con otros datos, acusando directamente al Ejercito, Ministerio de Gobernacion y gobierno de Mendez Montenergro de lo sucedido .******* Bueno le platico esto por ser una REALIDAD, QUE AUN DESPUES DE 60 años, sigue increiblemente VIGENTE lo que que Juan Jose Arevalo dijo y escribio de que : ” EL CANCER SOCIAL DE GUATEMALA ES EL EJERCITO “. y eso que ya estamos en el año 2016 !!! era de la tecnologia !!!. ese cancer se ha incrustado , tristemente.

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