Operación chompipe

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Durante los años 70, en varios países de América del Sur, los servicios de inteligencia militar se coordinaron para realizar operaciones en contra de personas disidentes de la política fascista de sus Estados. En Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, particularmente, así como Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, las unidades de la inteligencia política militar, operaron en cumplimiento de un proyecto de guerra sucia. En ese contexto, secuestraron y desaparecieron o ejecutaron, incluso a ex funcionarios de gobierno como el caso de Orlando Letelier,  o trasladaron entre países, sin cumplir con formalidades migratorias, a personas detenidas ilegalmente. En aras de la cooperación militar, violaron todos los principios y normas que han de regir la conducta de fuerzas de seguridad, según lo establecen las normas internacionales. Bajo el lema de que el fin justifica los medios, hicieron del crimen la conducta normal.

Tres o cuatro décadas después, el fenómeno intenta repetirse en acciones coordinadas en distintos países del hemisferio. El fin es justificar crímenes actuales cometidos con prácticas pasadas, motivados por razones políticas. Los mecanismos van desde deslegitimar la actuación de defensoras y defensores de derechos humanos hasta utilizar la mentira contumaz en contra de mecanismos regionales de protección.

Para ello se coordinan grupos de raigambre fascista, los cuales se desplazan entre países como Guatemala, México, Argentina y Colombia. El denominador común es la participación de personajes comprometidos con graves violaciones a derechos humanos, quienes van de país en país levantando oleadas de falacias para enraizar agendas mediáticas contra el quehacer de instancias de derechos humanos.

En fecha reciente en México, la organización denominada  Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dirigida por José Antonio Ortega, presentó una denuncia penal en contra de Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia intenta castigar al funcionario de la CIDH por haber suscrito el convenio que sustenta el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Interamericanos (GIEI), encargado de la averiguación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.

Anteriormente, Ortega y su organización invitaron a un militar colombiano para que hablara en contra de Ángela Buitrago, integrante del GIEI. Previo a ello, también habían llevado a México a la ex fiscal Hilda Aguilar, quien repitió en el país vecino las falsedades que había planteado en Guatemala en contra de Claudia Paz y Paz.

Mientras en la operación Cóndor movilizaban entre los países del pacto a las víctimas capturadas, en esta versión caricaturesca de la misma mueven a embusteros profesionales para destruir a quien les incomode. Recursos abundantes les permiten cubrir costos de desplazamiento en aviones y cobertura mediática. A tal grado que no les importa atentar contra la integridad de un organismo interestatal como la CIDH.

Ortega en México, solo es, en defiitiva, el antifaz local que cubre la cara de un actor más poderoso, interesado en ofrecer sus servicios de componedor de procesos a nivel internacional. Una versión sui géneris de una empresa transnacional con operaciones tras las fronteras, sucursales nacionales y recursos humanos móviles.  Mientras hace tres décadas el cóndor extendió sus alas en un vuelo tenebroso de terror estatal, ahora sus émulos en el norte encienden en rojo el güegüecho de un chompipe al que intentan hacer pasar de pavo real. No cuentan con el cambio de los tiempos y la disposición internacional de evidenciar sus prácticas tenebrosas y sus vínculos corruptores.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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