Pago por ver

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Una carta.

Es todo lo que se necesita para extender el mandato de la CICIG. La mayoría de ciudadanos responsables encantados de que se quede y continúe luchando contra la impunidad. Pero no los poderes paralelos dentro y fuera del estado.

Pérez Molina ha dejado bien claro que no enviará esa carta. Razones convincentes no ha dado. No ha dicho –por ejemplo–, que la CICIG no tiene apoyo de la sociedad civil, que ha sido un fracaso o que no hay recursos. Para un presidente que “ya se va” la razón tiene que ser otra.

El consenso general es que el gobierno actual es por mucho el más corrupto de la era democrática. Cuando se considera que la CICIG ha destapado cloacas como la de Pavoncito no es difícil suponer que las motivaciones de Pérez Molina son puramente personales, un clarísimo conflicto de intereses.

Pero ya basta de lamentaciones. Técnicamente la decisión de prolongar el mandato de la CICIG es un privilegio de la persona que representa la unidad nacional. ¿Representa la unidad nacional Otto Pérez Molina en el vital tema de la lucha contra la impunidad?

Yo diría que no. Diría además que no podemos permitir que un gobierno con tantísimos señalamientos sea el encargado de asegurar su propia impunidad. Se me ocurren por lo menos cuatro maneras en que podríamos intentar extender el mandato de la CICIG a pesar de la injustificada falta de voluntad presidencial:

1)   Dar un plazo al gobierno para que expedite la renovación del mandato.

Muy poco probable que el gobierno ceda a la presión, sin embargo, al dar Pérez Molina una excusa para no hacerlo también daría la justificación para buscar la extensión del mandato por otros medios.

2)   Exigir al gobierno que prolongue el mandato hasta enero del 2016 para que sea el nuevo gobierno el que decida un período más largo

Esta opción sería poco probable pero ligeramente más probable que la primera y difícil para el gobierno de objetar. Los patriotas podrían apostar a ganar las elecciones o a que gane alguien con la fibra moral de Baldizón.

3)   Enviar una petición formal a la ONU (con miles de firmas) para que mantenga viva a la CICIG entre septiembre del 2015 y enero del 2016 y así darle oportunidad al nuevo gobierno de decidir.

Esta opción tendría más posibilidades porque no dependería del gobierno. Como la extensión del mandato de la CICIG se convertiría en un tema de campaña es posible que la ONU considere la petición.

4)   Un referendo el mismo día de las elecciones generales.

En teoría esta opción sería a prueba de balas si se pudiera conseguir las 5,000 firmas requeridas para forzar a los políticos a llamar a un referendo. El reto en este caso sería encontrar individuos o instituciones que quieran iniciar el proceso de consulta pública.

 

Si el partido gobernante se sale con la suya, la salida de la CICIG representaría un gran retroceso en la lucha contra la impunidad. Por el momento los poderes paralelos van ganando la partida. Creen que la carta de Otto Pérez es su as bajo la manga; si tan solo quisiera el pueblo podría decirles: “pago por ver”.

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Abraham Barrios

Estudiante empedernido de la naturaleza humana y amante de las causas perdidas. Aparte de eso, muy difícil de etiquetar.

2 comentarios

  1. ¿Cuál sería la metodología para que un individuo o institución iniciara el proceso de consulta pública? Es una opción viable, sería beneficioso conocer a detalle el proceso para estar preparados en caso de ser necesario (que es muy probable).

  2. Pingback: Pago por ver | Elecciones en Guate

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