Panzós en la memoria

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La mañana del 29 de mayo de 1978 no fue la lluvia sino la sangre lo que regó la calles de Panzós, en Alta Verapaz. Ese día, un grupo de campesinas y campesinos indígenas q’eqchi’ que buscaba dialogar con el alcalde municipal Walter Overdick, fue baleado por el ejército presente en el sitio. La tropa había sido movilizada a la zona desde dos días antes y se había apostado en los edificios circundantes a la alcaldía. En posición de tiro, cercaron al grupo y atacaron a la población.

El reporte de la Comisión de Esclarecimiento Histócio (CEH), desarrollado en el Caso Ilustrativo número 9 indica la muerte de 53 personas. De ellas, 34 fueron encontradas en la fosa que abrió la maquinaria de la municipalidad, una que falleció en el centro de salud y el resto fueron encontradas en la montaña y las márgenes del río. Hubo 47 personas heridas, incluidos soldados que recibieron machetazos como defensa del grupo agredido por las balas.

Debieron pasar 20 años para que las víctimas inhumadas a la brava por los victimarios recibieran las honras fúnebres de la comunidad q’eqchi y sepultadas según la tradición. Un año antes se había exhumado los restos encontrados en la fosa. Entre estos se encontraban los de Adelina Caal, Mamá Maquin, una lidereza campesina e indígena, reconocida por su labor organizadora de la comunidad en defensa de sus derechos.

El hijo de Adelina, Juan Maquín Caal, testificó en las audiencias por el caso, en espera de que la justicia rompa el círculo de impunidad en que este crimen, atroz, se ha mantenido. Un crimen que suma a los muchos actos de barbarie en contra del pueblo q’eqchi cuyas tierras han sido botín permanente. Durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, en el siglo XIX, se produce el despojo gubernamental de las tierras en favor de colonos alemanes que llegan a acumular el 75 por ciento de la propiedad de la tierra en Alta Verapaz. Práctica que solo se detiene durante la reforma agraria (Decreto 900) que al ser revertida por la contra revolución de 1954, vuelve a despojar de las tierras al pueblo q’eqchi para entregarlo a terratenientes de la zona, incluidos militares.

La concesión de la explotación de níquel en la zona de El Estor, Izabal, en los linderos de Panzós, en los años 70,  inaugura la explotación extractiva en el área. Una práctica que se ha expandido junto con el monocultivo extensivo de palma africana o caña de azúcar, así como la construcción de hidroeléctricas. Todas estas prácticas de enriquecimiento privado a costa del despojo, acumulación por desposesión como se le denomina, que revive las condiciones que dieron lugar a la masacre.

Un hecho que Juan José guerrero, en una columna en Plaza Pública, el 1 de junio de 2015, define como: “Esa horrible matanza que abrió un oscuro período en Alta Verapaz y en la cual se perdió toda dimensión humana”. Lo prueba, el hecho de que, según testimonios obtenidos de los primeros testigos entrevistados uno o dos días después de la matanza, la fosa había sido abierta antes. De igual manera la forma en cómo los cuerpos fueron arrojados uno sobre otro en la palangana de un camión de volteo que luego los lanzó a la fosa en la cual permanecieron 19 años.

Transcurridos 38 años de este hecho criminal, la tierra de Tezulutlán, el territorio q’eqchi, sigue sangrando por las heridas del terror. De la zona militar de Cobán, cabecera de Alta Verapaz fueron exhumados más de 500 cuerpos de mujeres, niñas y niños y personas mayores en su mayoría, muertas violentamente.

Pretender negar el ensañamiento gubernamental contra el pueblo q’eqchi es querer tapar el sol con un dedo. Panzós en la memoria nos convoca a procurar justicia como única vía de conjurar ese oscuro período y trabajar por recuperar la perdida dimensión humana.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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