Perspectivas

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Carlos BezaresPor Carlos Manuel Bezares M.*

El movimiento del 15A y 16M en Guatemala surge a partir de la indignación causada por la corrupción, en concreto, el caso “la línea”, que provocó incluso la renuncia de la vicepresidenta de la República.

Una de las principales características del Movimiento 15A y 16M es que la ciudadanía encontró un punto en común de exigencias hacia sus gobernantes y realizaron demandas específicas, característica que hasta acá solo había visto desarrollarse en Europa.

Poco a poco la conciencia ciudadana ha cuestionado el sistema político nacional, la política tradicional y el sistema de partidos políticos en Guatemala.

De ahí que los partidos deben reflexionar acerca de la representación multisectorial del movimiento, también sobre el liderazgo que propone, que es de carácter horizontal, por lo que se puede afirmar que las instituciones de la sociedad fueron rebasadas por la propia marcha; es decir, las instituciones tanto de sociedad civil como las instituciones públicas.

Estos datos son fundamentales para poder entender las demandas de la población, que si no se logra entender y no se satisface seguirá creciendo, además de que si la respuesta no es adecuada a las demandas, se sentirá engañada por las élites del país con lo que su insatisfacción aumentará, lo que puede llevar a riesgos insospechados como sociedad.

Estas acotaciones serán todo un reto sociológico para quien posteriormente examine lo que estamos viviendo, que no sucedía desde la mitad del siglo XX; sin embargo, el sentir del ciudadano de a pie es que está excluido del sistema político guatemalteco y únicamente para las elecciones ven a los partidos políticos, y estos han perdido su capacidad articuladora de las demandas populares.

También el movimiento ubica en la corrupción el origen de nuestros males, conectándolo inmediatamente con el sistema político electoral. Es ahí donde surgen dos ejes centrales de demanda: “Pacto 0 Corrupción” y “Financiamiento electoral”, siendo este último un picaporte de la corrupción. Esto es en lo que la mayoría de la ciudadanía indignada coincide, según mi lectura de los eventos.

Ahora bien veo con preocupación que en el ambiente muchos sectores empiezan a tratar de proponer reformas a la ley electoral que posiblemente parecieran resolver la crisis, pero que son temas que se deben abordar en frío.

Una de las grandes dificultades del proceso democrático guatemalteco es que no tiene un tema que logre unificar al ciudadano, casi siempre nos acerca de los problemas, esto responde a la historia. Pero esta vez se abre la posibilidad de abordar la crisis con visión de Estado, donde todos y todas nos sintamos representados generando la democracia que tanto deseamos.

Reformar el sistema de representaciones y elección de diputados al Congreso debería ser un tema que se aborde a mediano plazo, pues esto ha permitido que CREO, UNIONISTAS, ENCUENTRO POR GUATEMALA, URNG, WINAK, ANN y MNR, tuvieran como mínimo un diputado. Aquí se destruye la falacia que únicamente la izquierda es la que logra porcentajes bajos, como vemos también la derecha tiene representaciones de sus sectores diversos a través del sistema de minorías. Igual pasa con las listas, la postulación uninominal no garantiza mayor participación, en cambio puede restringirla a muchos. Son acotaciones que debemos abordar más adelante y no en este momento porque causarían división en la sociedad.

En cambio, en cuanto al financiamiento privado de partidos políticos es un tema que siempre se ha abordado de forma periférica. Por un lado, quienes dicen: “No quiero mantener a estos haraganes” y por otro quienes temen a las críticas porque se saben una clase política tradicional desgastada, o bien porque no existían condiciones para la discusión.

Ahora se ha dado un parte aguas, que espero lo sepamos valorar para dar perspectiva a la ciudadanía misma, de ahí puede surgir un acuerdo transversal de sociedad, que derive en el financiamiento totalmente público a los partidos políticos. ¿Cuál es su ventaja?, pues que como ciudadanos y ciudadanas podremos fiscalizarlo completamente, porque sabemos que su origen son los impuestos, porque se convertirá en información pública susceptible de ser solicitada y los partidos políticos obligados a entregarla. Porque además hemos descubierto que todo el gasto de campaña pesa sobre nuestros hombros, pues los partidos no solo reciben la deuda electoral, sino muchos financistas les otorgan financiamiento en función de los negocios que hacen con el Estado, como la estructura de “la línea”, al final, siempre de nuestros impuestos sale el costo de campaña.

En cuanto a la fiscalización, es necesario que sea fortalecida la Auditoria del Tribunal Supremo Electoral, dadas sus limitaciones no puede fiscalizar sino los gastos del comando central de los partidos políticos, pero todo lo invertido en los distritos electorales queda fuera de fiscalización. De esta cuenta los partidos pueden declarar un presupuesto de 57 millones de Quetzales (techo máximo de esta campaña) pero lo que están gastando en los distritos es mucho mayor de lo declarado pues esto no es fiscalizado, por ello como mínimo debería existir para la época electoral un auditor por distrito electoral.

Desde mi perspectiva debemos ir paso a paso como un proceso, cierto es que mi formación jurídica impide ver los procesos de otra manera, pero creo que ir ordenando la discusión es importante.

*Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, experto en derecho constitucional, egresado de la USAC en donde fui dirigente estudiantil en la AED y AEU. He acompañado procesos comunitarios de comercio justo y he acompañado en los casos emblemáticos de criminalización de la protesta social en los que diseñe las estrategias de defensa, esto me llevó a CIDH.

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