Presunción de inocencia como garantía

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En medio de la crisis no resuelta, nuestra sociedad está frente a la oportunidad de mejorar o ante el riesgo de ir al precipicio. Mejorar y salir del profundo agujero en que el sistema hundió al país nos desafía a debatir, a comprender y a entender. Debatir sobre lo que ha sido hasta ahora el funcionamiento del Estado. Es decir, a quién ha servido y a quién ha fallado. Qué intereses ha nutrido y cuáles ha abandonado e incluso perjudicado.

Una vez esclarecido este punto es necesario perfilar las responsabilidades individuales y colectivas para, en el caso ideal, aplicar los correctivos necesarios. Algunos han de partir del esquema derivado del estado de derecho en vigor. Otros nacerán, muy probablemente, de las reformas que será necesario poner en marcha a fin de asegurar que los pasos ya encaminados no deban ser desandados. Es decir, cómo logramos cumplir con el marco jurídico vigente, modificamos lo que sea menester y a la vez imponemos los correctivos necesarios y cerramos las puertas a la impunidad estructural.

Los primeros pasos los dimos cuando el sistema jurídico transitó del enfoque punitivo al inquisitivo.  El antecedente del sistema penal que priva hoy en Guatemala carecía de la visión garantista. Y pese a ello, fue violentado cuando el Estado aplicó la pena capital sumarísima mediante ejecuciones extrajudiciales o la detención y desaparición forzada como práctica punitiva para legal. Los más de 500 cuerpos exhumados en la antigua zona militar en Cobán, Alta Verapaz, así lo atestiguan.

De manera que desde la perspectiva de derechos humanos resulta sumamente positivo el debate actual sobre el principio de presunción de inocencia. Y resulta positivo aunque contradictorio a partir de quiénes son los impulsores del mismo. Por un lado, militares retirados que activan en la vida política o son procesados por violaciones a derechos humanos. Por el otro, ex funcionarios de Estado, entre ellos también militares retirados, así como empresarios de la industria, los servicios, los medios de comunicación y la banca, también procesados por graves delitos de corrupción y robo de recursos nacionales.

Destaca en el debate la poderosa Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Una entidad que recién en mayo pedía al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), accionar contra radios comunitarias a las cuales acusaba de ser piratas. Ahora en cambio, plantea que estas mismas instituciones, MP y CICIG,  atiendan el principio de presunción de inocencia en el juzgamiento de sus agremiados. Entre ellos, Luis Rabbé, diputado y cara empresarial del grupo Albavisión y Erick Archila, ex ministro de Energía y Minas, vinculado al grupo familiar de Emisoras Unidas, así como a Canal Antigua, ContraPoder y Diario Digital, entre otros.

La entidad empresarial y otras instancias del sector hacen bien en defender una garantía, devenida en derecho humano, en materia procesal. Es valioso introducir la discusión para construir los elementos que coadyuven al diseño del camino a seguir para superar la crisis. Lo que no se vale es emplear dicho discurso en una forma maniquea. Es decir, reclamarlo para sí pero negarlo, por ejemplo, para las y los defensores de derechos humanos como Rigoberto Juárez, a quien se encarcela y persigue legalmente, con figuras  y encuadramiento de delitos, al margen de garantías procesales. O reclamarlo exigiendo que el MP incumpla sus funciones de persecución penal.

En este sentido, vale la pena recordar que la garantía de  presunción de inocencia está dada en el hecho de que la carga de la prueba la tiene el ente responsable de la persecución penal. Es quien a lo largo del proceso, tanto con testimonios, como con evidencia científica, buscará quebrantar esa presunción de inocencia para que, más allá de toda duda razonable el tribunal resuelva sobre la imputación planteada. En cuanto a la prisión preventiva, como última instancia, los abismos se evidencian como las exclusiones. Un líder comunitario obligado a prisión preventiva a cientos de kilómetros de su familia tiene muchas menos posibilidades de fuga que un millonario que se ha coludido para evadir impuestos o que ha financiado a políticos corruptos.

Por lo tanto, si vamos a debatir sobre el principio de presunción de inocencia y la aplicación de medidas preventivas por parte de los tribunales, no lo hagamos maniqueamente sino con base en hechos y realidades concretas.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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