¿Son las alianzas público privadas la solución?

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Es difícil negar que la expresión alianzas público privadas suena chilera. Evoca cooperación, buen juicio y hasta progreso. De ahí que no sorprenda que quienes las proponen como alternativa a la gestión de los negocios poco exitosos del Estado como las cárceles y los hospitales suelan tener una recepción favorable en los medios.

En su acepción moderna, una alianza público privada (APP) se concibe como una sociedad de negocios que busca crear sinergias entre dos partes con recursos complementarios; el balance y la simetría de riesgos y beneficios son implícitos. En teoría todo bien, pero, ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con las APP en la práctica?

Si tuviéramos que juzgar los negocios relativamente recientes del Estado catalogables como APP desde AVIATECA hasta TCQ pasando por BANRURAL, GUATEL y Ferrovías, no sería difícil concluir que han sido egregiamente lesivos. Y es que los simulacros de negocios disfrazados de APP llenaron todos los requisitos legales y contaron con la venia por acción y omisión del sistema de justicia. Hoy sabemos que los negocios en los que el Estado pone todo el capital, todas las garantías y corre todos los riesgos mientras unos cuantos pícaros se quedan con todas las ganancias es un cínico insulto a la inteligencia de quienes nunca se imaginaron que los iban a cachar.

El ejemplo de TCQ es ilustrativo porque por primera vez en la historia reciente se hace pública la anatomía de las APP chapinas. Se confirma además que los negocios ilegales público privados que involucran a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti no son en realidad nada nuevo. Cámbiense los nombres y tendremos cualquier cantidad de APP con la misma estructura y los mismos grados de lesividad. Según información pública, el pago por el uso del suelo de las 34 hectáreas a ser utilizadas en el proyecto por 25 años se negoció a $0.20 por metro cuadrado cuando el precio de mercado era $20. Una pérdida del 99% para el Estado que se traduce en $170 millones; un retorno nada despreciable para una “inversión” de $24 millones en sobornos. Prácticamente todos los negocios público privados tienen ese tipo de “rentabilidad” para el Estado.

Es tan claro que nuestra experiencia con las APP ha sido terrible como imposible negar que el país aún no cuenta ni con la cultura de transparencia ni con las herramientas institucionales para asegurar que las APP funcionen como se conciben en teoría. A pesar de eso, debemos ser optimistas y observar que la dirección en la que se mueve el país sugiere que no deben cerrarse las puertas a oportunidades genuinas a futuro. Las APP no son inherentemente malas, pero como en Guatemala su uso se prostituyó, no podemos darnos el lujo de no aprender la lección.

Mientras el país evoluciona, será necesario moderar el entusiasmo de quienes pretenden utilizar las APP como panacea a los problemas causados por la mismísima debilidad estatal que las justifica. En lugar de tratar de evitar tropezar de nuevo con la misma piedra, quizás nos convenga más cerrar el círculo vicioso de la dependencia del “sector privado” y apostarle al fortalecimiento institucional. El MP y la SAT nos están mostrando el camino.

@ajbarriosm

 

 

 

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Abraham Barrios

Estudiante empedernido de la naturaleza humana y amante de las causas perdidas. Aparte de eso, muy difícil de etiquetar.

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