TCQ: Prueba de Congruencia Para la CICIG

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“La impunidad relaja los límites morales, subvierte los referentes éticos que la sociedad debe tener, desinstitucionaliza al Estado y genera una cultura de ilegalidad”.

Iván Velásquez.

 

 

Siempre le agradeceré a Iván Velásquez el haber tenido la audacia de hablar de moralidad en un país donde las prácticas éticas son la excepción, y donde la rectitud moral no ha tenido impacto perceptible en el sistema de justicia por “no ser fuente de derecho”.

La convicción de que las leyes sin brújula moral no son nada hacen de Iván Velásquez un personaje singular en Guatemala, país en cuyo sistema de justicia no hay espacio para la ética porque todo lo que no es ilegal es legal y punto.

La brújula moral del comisionado viene al caso porque el apoyo de la CICIG es uno de los argumentos que el interventor de TCQ utiliza para justificar su cuestionable propuesta de concesión de bienes del Estado a APM en un arreglo que dejaría muchas dudas en otras latitudes.

Nadie en su sano juicio va a negar que Guatemala necesita una terminal de contenedores de clase mundial, ni que la inversión fue fuerte, ni que el Estado tiene compromisos, ni que la famosa terminal tendría un impacto positivo en la economía del país. Pero la ley es la ley y se violó. Legitimar el negocio de APM por sus beneficios económicos a contrapelo de la legislación vigente sería el equivalente a permitir narcotráfico en El Petén con la excusa de que genera empleo.

El caso TCQ es un enredijo legal que incluye litigios penales, contencioso administrativos y de extinción de dominio. No será el propósito de esta columna hablar de leyes, sino de la debilidad de los argumentos con que el interventor pretende legitimar un negocio que surgió de la corrupción y sobre el que el consenso es que legalmente no tiene validez. Debe cuestionarse moralmente al interventor por lo siguiente:

 

  1. Haberse extralimitado en sus funciones cuando afirmó que APM es tercero de buena fe antes de que lo hiciera un juez.
  2. Haber producido la propuesta para lavar el negocio de APM sobre la premisa del tercero de buena fe.
  3. Haber intentado asustar con el petate del muerto de la duración de los litigios, pérdidas, familias afectadas, calidad del equipo por perderse, etc.
  4. Haber sugerido que el apoyo de la CICIG y el MP a su nombramiento puede traducirse en apoyo a su propuesta.
  5. Haber concebido un plan que forzaría al Congreso a producir una ley ad hoc a manera de anular la legislación existente violada por el negocio.

 

Que APM está dispuesta a allanarse y que a colaborar en todo, ni modo. ¿Qué otra le queda? A diferencia del interventor, algunos encontramos muy difícil de creer que APM pueda demostrar haber sido tercero de buena fe ANTES de que empezara el embrollo legal. Es poco probable que una firma del tamaño de APM, con sistemas propios de inteligencia y seguridad no supiera de la corrupción de Otto Pérez Molina ni de los riegos que corría al comprar TCQ. Su supuesta ignorancia sobre la máquina de rayos X tampoco convence porque el due diligence que se hace para compras de esa envergadura típicamente lleva años.

Si la propuesta da por sentado que la designación del tercero de buena fe es un hecho, de pronto el interventor sabe algo que no sabemos. Tanto entusiasmo deja demasiadas dudas sobre si el plan se basó en las prioridades del Estado o sobre las de APM. No convencen los argumentos emocionales, enfocados casi exclusivamente en lo monetario y que dejan fuera de consideración el daño que podría hacer a futuro el precedente legal.

No se necesita ser abogado para saber que una propuesta con una base legal muy endeble que requeriría de una coreografía sin precedentes del Congreso, el Ejecutivo, la CICIG y el Organismo Judicial para ser viable es por lo menos una güizachada monumental que desinstitucionaliza al Estado y perpetuaría la cultura de ilegalidad que nos oprime. A menos que el plan también incluya instrucciones en inglés o en paisa para los diputados, quisiera creer que el negocio con APM difícilmente tendrá el fin esperado por el interventor, por lo menos hasta que la CICIG y el MP se pronuncien y me saquen de la incertidumbre.

 

@ajbarriosm

 

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Abraham Barrios

Estudiante empedernido de la naturaleza humana y amante de las causas perdidas. Aparte de eso, muy difícil de etiquetar.

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