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La justicia transicional es un modelo enfocado a evitar la impunidad absoluta por violaciones a derechos humanos durante conflictos violentos. Algunos enunciados de la misma se enfocan a las medidas que podrían ser garantías para la no repetición. Es decir, las acciones indispensables, aunque no necesariamente totales, para que no se produzcan nuevamente las violaciones señaladas.

Durante el siglo pasado los conflictos armados en América Latina tuvieron como denominador común la responsabilidad estatal, particularmente de las fuerzas armadas, en crímenes como la tortura, la detención arbitraria y la desaparición forzada. A pesar de que las leyes respectivas facultaban a los Estados para actuar –autoritaria pero legalmente–, contra la oposición armada, estos optaron por violar su propia ley. De tal suerte que construyeron sendos aparatos de seguridad, inteligencia y operaciones de represión que emularon el actuar de las temidas Gestapo y la SS nazis.

Guatemala no escapó a ese horror. Más bien resultó ser un país que ejemplifica a cabalidad la arquitectura del terror estatal. De ello dan cuenta las más de 45 mil personas detenidas desaparecidas. Algunas de las cuales, muy pero muy pocas todavía, han sido identificadas de entre cuerpos exhumados de antiguas instalaciones castrenses. Los nazis dejaron un registro más o menos ordenado y completo de sus atrocidades. Algunos ejércitos del continente, también anotaron sus acciones. El de Guatemala, actuando con la mayor alevosía, premeditación y ventaja, ha mantenido ocultos o negado la existencia de tales registros. De manera que es una labor titánica, terriblemente difícil, pero no imposible, buscar y encontrar respuestas.

De ahí la importancia de las medidas de la justicia transicional, misma que no pretende llevar a las cortes a la totalidad de los implicados en crímenes como genocidio, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, robo de niñas y niños, entre otros. Tan solo pretende establecer procesos judiciales emblemáticos que, en el marco del debido proceso que le fue negado a las víctimas, lleve a los mayores victimarios ante la ley y la justicia.

Pero cuando hasta eso se niega la impunidad campea como dueña y señora del territorio, la vida y el destino de la sociedad. A tal grado que la arquitectura inicial de represión ilegal se consolida y transforma, camaleónicamente para sobrevivir. Incubada como el huevo de la serpiente, permanece silenciosa hasta que encuentra el momento de quebrar el cascarón, salir y estrangular a su incubadora.

Ese peligro está vigente. Las estructuras criminales de represión no han sido desmanteladas. El andamiaje estatal de arbitrariedad, que las engendró, continúa funcionando. Ahora, en contra de liderazgo social y comunitario cuya acción opositora es identificada como atentatoria a los intereses del Estado. Intereses que no representan acciones hacia el bien común sino prebendas a grupos de poder y presión económica, vinculados a la explotación irracional de recursos.

El uso indebido del derecho penal, es decir la criminalización de defensoras y defensores, conduce a la generación de prisioneros y prisioneras políticas. Personas apresadas y procesadas, arbitrariamente, por el hecho de ejercer liderazgo. Ese abuso de la autoridad –del ejecutivo y del judicial–, abona el camino para el resurgir del esquema no superado, es decir la estructura criminal que no ha sido desmantelada.

De ahí al retorno de prácticas de tortura y violaciones masivas de derechos humanos hay menos que un paso. El camino jamás fue cerrado a estas bandas criminales. La falta de justicia certera para las víctimas y enjuiciamiento para los victimarios, con la indispensable desarticulación de los grupos y sus prácticas, ha sido la simiente para que el temor de nuevas acciones masivas de horror renazca en la memoria. Aún es tiempo de parar el cultivo de la tragedia. Aún es tiempo de desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Aún es tiempo de que la incompleta justicia transicional en Guatemala permita sentar las bases para superar plenamente el pasado. De lo contrario, el manto del dolor y la tragedia puede envolvernos nuevamente.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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