Un tigre al que no le caben más manchas

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Foto tomada de http://progresohispanonews.com/congreso-eliminara-comisiones-extraordinarias/

El organismo legislativo debe ser, por naturaleza, la instancia representativa del esquema de organización política. Esa circunstancia y, el mecanismo formal de elección, le hace plantearse como el organismo representativo de la voluntad popular. Tiene por función la actividad legislativa. Es decir, debe promulgar las leyes que rigen el marco jurídico nacional. También ejerce una labor de fiscalización en el esquema de pesos y contrapesos en la democracia representativa, así como administrativa al designar a un número específico de titulares de oficinas de Estado.

Con todas esas funciones, atribuciones y facultades asignadas al legislativo, si este fuese integrado por  instancias políticas reales y por congresistas profesionales, otro gallo nos cantaría. Sin embargo, la experiencia ciudadana de la actividad del legislativo en Guatemala dista mucho de parecerse a ello. Los partidos políticos, tal y como lo expone el informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), son en realidad franquicias electoreras. Se trata de grupos organizados en torno a un o una cacique, quien a su vez, responde a quien pague sus campañas. Esto incluye desde sectores agrupados en las élites empresariales, hasta sectores vinculados o directamente involucrados con actividades criminales de distinta naturaleza.

De tal suerte que, a lo largo de los años, las distintas legislaturas han acumulado una cauda gigantesca de repudio social. Si algún organismo está huérfano de legitimidad, ese es precisamente el Congreso de la República. El mismo que lejos de reducir el número de sus integrantes, 158, no solo le mantiene sino que, de haber un nuevo censo de población, puede significar que incremente a más congresistas. De igual forma se han negado a introducir las reformas necesarias que impliquen más control a su actividad y obligatoriedad de rendición de cuentas.

Pese al cuestionamiento social, siguen en una conducta de burla desde la cúspide en que se sitúan y optan por, literalmente, lanzar más leña al fuego del repudio ciudadano. Sus recientes decisiones así lo reflejan. ¿Falta de vergüenza, cinismo, prepotencia, soberbia o estupidez? ¡Quién sabe! Lo cierto es que arrancan con una reunión en diciembre en la finca presidencial Santo Tomás, en la cual un grupo de estos acordó la integración de la junta directiva 2017. Dicho pacto llevó a Óscar Chinchilla a presidir el legislativo, un congresista anodino pero dispuesto a sonar la guitarra según la pauta que le escriban los titiriteros del Congreso.

Luego, la repartición de las presidencias de Comisiones legislativas que garantizaron dejar en manos de diputados del partido oficial aquellas salas que son clave en este año. La de Finanzas para el manejo de presupuesto y aprobación de ampliaciones en el gasto público y la de Derechos Humanos, que conducirá el proceso de designación del nuevo jefe de la Procuraduría.

Pero, además, se despacharon con la cuchara grande y acordaron sumar 16 comisiones extraordinarias a las 38 ya existentes. De tal suerte que ahora hay 54 comisiones de trabajo, entre las cuales hay duplicidad de materias a tratar. El decreto aprobado el 17 de enero dio vida a las salas extraordinarias de, Regularización de áreas de reserva territorial y protegida, fideicomisos y subsidios, Contrataciones en  infraestructura general vial y crítica, Conflictividad en asuntos de extracción minera y energética, Modernización de puertos y aeropuertos, Desarrollo sostenible, Tecnología de la información y la comunicación, Desnutrición crónica y primer nivel de salud, Recursos hídricos, Prevención y reconstrucción nacional de desastres, Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, Competitividad e inversión extranjera, Catastro y ordenamiento territorial, Inversión pública y privada, Revisión y propuesta para los procesos de adquisición pública y, Recaudación del Estado.

Una distribución equitativa, si restamos a los cuatro principales integrantes de Junta Directiva (asumiendo que el resto trabajará en comisiones), tenemos que  en cada sala habrían de participar 3 diputados. Hemos hecho la distribución entre 52 comisiones puesto que la de DDHH y la de servicios de inteligencia, por ley deben ser integradas a razón de un congresista por bancada de partido político. Cada comisión debe tener un presidente y un vicepresidente.

No obstante, es difícil que se dé una distribución de esa naturaleza pues, implicaría que podríamos tener iniciativas de ley con dictamen favorable de tan solo dos congresistas. Pero, más allá de eso, lo que preocupa es lo innecesario de su creación. Muchas de ellas, por no decir todas, tienen su equivalente en las comisiones que ya existen. Así que, además de duplicar funciones, pago de dietas por trabajo en comisiones pues cada congresista incrementa sus ingresos por participar en salas legislativas, también hay riesgo de tratamiento superficial de los asuntos que se sometan a su consideración. Y, finalmente, el motivo real de la creación de estas: contar con un espacio más de negociación bajo la mesa. Una mancha más al tigre que ya no tiene espacio libre para nuevos lamparones.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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