Una derrota más

0

Imagen de Prensa Comunitaria

El general retirado Otto Pérez Molina se aferra a la presidencia de la que pende de un hilo. Anudado por el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), cuelga de la viga de la Embajada de Estados Unidos. Con cada día que pasa la pita se tensa más y uno a uno, los errores del mismo Pérez o de su equipo, arralan el cordel.

Un fallo mayúsculo, de consecuencias aún no medidas por los responsables, fue la detención ilegal de más de 60 personas (hombres, mujeres, niñas y niños) de San Juan Sacatepéquez, la noche del 13 de junio. El grupo retornaba en bus a su localidad, luego de participar en la marcha de protesta de ese día, en La Plaza central. Junto a otras decenas de miles, unieron sus voces por varias horas para repudiar la corrupción y la impunidad y demandar la renuncia del gobernante y su gabinete.

Antes de llegar a la ruta de salida, el bus fue retenido en el Anillo Periférico a la altura de la 31 avenida de la zona 7. Pero no fue un simple retén. No. En la operación participaron más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), miembros el cuerpo antimotines, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), así como varios agentes vestidos de particular. De acuerdo con un reporte de Prensa Comunitaria, emplearon veinticinco radiopatrullas de las comisarías 11, 12, 13, 14, 15 y 16, de la División de Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP) el Departamento de Comunicación Social (DCS), el Distrito Norte, el Distrito Central y varios microbuses de la PNC. Los agentes portaban armas de grueso calibre.

El número de elementos y equipo motorizado, resulta desproporcionado para accionar contra el bus de manifestantes. Las versiones recogidas sobre el hecho fueron proporcionadas por oficiales de policía incluido el propio director de la PNC, Wálter Velásquez. Cuando detuvieron el vehículo, dijeron que habían recibido informes de que este había sido asaltado. Como no lograron que la gente bajara, indicaron que harían una inspección porque reportaron que tenían armas. Finalmente aseguraron que tenían que ejecutar dos órdenes de captura contra personas que viajaban en el bus. Las mismas habrían sido reconocidas por el sistema de reconocimiento biométrico utilizado para vigilar las manifestaciones.

A las mentiras iniciales, la PNC añadió la arbitrariedad y un trato cruel e inhumano que raya en la tortura, contra quienes se conducían en el bus. Fueron más de cinco horas de cerco policial, a razón de cinco policías por persona en el vehículo. Las órdenes recibidas indican que se había instruido a ingresar al bus, utilizando gases lacrimógenos para forzar a la población a salir “para poder ejecutar las capturas”.

La oportuna intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) permitió desarrollar un diálogo que derivó en el retiro de la PNC y la posibilidad de retorno del bus a su destino. En el transcurso del secuestro, se manifestó la valentía de quienes viajaban en el transporte así como la solidaridad más genuina que nació de la población de los alrededores y las personas movilizadas por la convocatoria en redes sociales o notificaciones telefónicas. El recurso de exhibición personal interpuesto en favor de las y los secuestrados nunca se practicó porque el juez de turno, instalado a poca distancia del lugar del incidente, no se presentó, como tampoco se presentaron las supuestas órdenes de captura que sirvieron de pretexto para el atropello.

De manera que el gobierno de Otto Pérez Molina comete un gravísimo error político a la vez que incurre en varios delitos atribuibles a su recién estrenada Ministra de Gobernación y al aficionado Director de la PNC. Ya sea porque el propio Pérez lo requirió o porque sus subalternos responden al mando de entes foráneos, el hecho es que se trata de una violación flagrante a las propias leyes nacionales y a tratados y convenios suscritos por Guatemala. Circunstancia que conlleva el costo político de desgaste de una figura arrinconada y a punto de caer desde el patíbulo erigido por la corrupción y la impunidad como políticas públicas de su gobierno.

Share.

About Author

Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

Leave A Reply