Una historia de servicio público

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nellyPor Nelly de la Torre*

Era el año 2008, inicio de un gobierno que se auto denominó socialdemócrata, se tenía la esperanza de que era posible restablecer la gobernabilidad y eliminar el mito del “no se puede”, su interés se veía enfocado en el bien común y el ser humano parecía ser lo primordial.

Se instalaron programas sociales que por ser una nueva modalidad en nuestro país se implementaban con algunos errores, pero corregibles y fueron un gran aliciente para muchas familias en riesgo social. Lastimosamente desaparecieron durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Guatemala tiene población joven que no recibe atención, muchos en riesgo social constante y que no han tenido acceso a educación salud y trabajo, entre otros derechos inalienables.

Haré referencia a los niños y adolescentes en riesgo social a quienes por distintas razones los padres, las madres o ambos han tenido que “internar” por orden de juez competente en hogares privados o públicos como los de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS–, lugar en el que trabajé.

La SBS mantiene población alta de bebés, niños, niñas y adolescentes, cada quien con su propia historia.

La SBS es garante de que tanto a su población como a la población albergada en hogares privados no les haga falta lo esencial: protección y abrigo. La mayoría de su personal técnico está capacitado, tiene vocación de servicio y empatía, entre otras cualidades; pero ¿qué pasa cuando se nombra a las autoridades superiores para “dirigir” las acciones que coadyuven al mejoramiento psicosocial de dicha población y retornen a sus hogares en mejores condiciones?

La SBS contaba con supervisoras que tenían asignado revisar periódicamente sus hogares, los hogares privados y los Centros de Atención Integral –CAI– (guarderías), menos supervisar a los jóvenes en conflicto con la ley, estaba prohibido. Se realizaba una supervisión facilitadora, nunca fiscalizadora.

De encontrar deficiencias (infraestructura, medicamentos, vestuario, alimentación, recreación, y rendimiento escolar, entre otras), se debía informar a las autoridades (jefe inmediato, directora y subsecretarias y Secretaria), dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las o los encargados de cada hogar y de los CAI. En las supervisiones siempre se encontraba la denuncia, por parte del personal y población, de abusos, de violencia en todas sus formas, al extremo de tener que trasladar a niños a hospitales en total anonimato, sin que quedara registro alguno.

Mencionaré un caso en particular sucedido en el Hogar San Gabriel (población masculina). Se había realizado una supervisión extraordinaria porque hubo rumores de violencia contra los adolescentes y que no estaban recibiendo clases, pero las supervisoras asignadas la suspendieron porque fueron maltratadas por el encargado del Hogar. Ante la situación planteada, mi jefe y yo, tomamos la decisión de ir y ver qué pasaba realmente. En resumen, esto fue lo que nos dijeron: el hogar pasaría a ser una” cárcel de puertas abiertas” como en Colombia, que ahí se hacían hombres a “patadas” o se les llevaba homosexuales por las noches para quienes el encargado creía que lo “necesitaban”, que por las mañanas todos tenían que salir a correr completamente desnudos.

Cuando se preguntó por qué esa forma de tratarlos y por qué la falta de estudio de los adolescentes y la ausencia de la aplicación de la LPINA (se le proporcionó una), el encargado respondió que eran “órdenes superiores” y que él está para cumplirlas.

La visita hizo enfurecer a la Secretaria, porque el encargado de inmediato hizo saber de nuestra presencia, sin decir que habíamos llegado a tratar de encaminarlo en la función de la SBS, y a hacerle ver que el hogar no podía convertirlo en “cárcel de puertas abiertas”.

Al día siguiente. mi jefe y yo fuimos citados al despacho de la Secretaria, quien descargó toda su furia contra nosotros porque ella y la directora de Hogares eran las que daba las órdenes y no teníamos ningún derecho de intentar cambiarlas.

Las altas autoridades sabían que en los informes siempre se sugería que de acuerdo a los derechos de la niñez y el cumplimiento de la LPINA, debía procurarse el trato digno a la población albergada, además de procurar agilizar los trámites para evitar la institucionalización por sus consecuencias.
La Secretaria, quizá en consenso con la directora y subsecretarías, realizó de forma exprés un video en donde se decía todo lo contrario y fue difundido durante varios días por un canal de televisión abierta en VHF.

En otra ocasión la directora de hogares dijo, “muy alarmada”, que le habían reportado que se encontraron condones usados, al recibir el turno de la mañana, en un hogar de niños y niñas con discapacidades, muchas de ellas severas. Ante tal comentario se le manifestó la preocupación y dijo que había puesto la denuncia ante el Ministerio Público –MP– y que ella le daría seguimiento…nunca se supo más.

Ante tanta vejación y sin acciones por parte de las autoridades responsables, en algún momento quise poner la denuncia ante el MP, pues también me había enterado por parte de gente extranjera, que llegaba de vez en cuando a hacer voluntariados, de actos peores, pero su función era solamente sugerir (no sé si alguna vez lo hicieron). Sabía que la SBS tenía un departamento jurídico y aunque supieran de los vejámenes no harían nada a favor y sí mucho contra mí por el atrevimiento de desafiarlos.

Siempre pensé que pertenecer al partido de gobierno no me daba la libertad de dejar hacer y dejar pasar. Y que yo estaba para servir y no servirme, mi salario venía por esa población vulnerada y en riesgo.
Reconozco y valoro a mucha gente que a pesar de las adversidades tenían actitud valiosa para mitigar el sufrimiento de muchos, pero en silencio para proteger su trabajo.

Ante la irresponsabilidad, la falta de ética y la negligencia, tomé la decisión de buscar a quien en ese momento era la primera dama, logré llegar hasta su despacho (su asistente o vocera me preguntó si no me daba miedo decirle lo que pasaba a lo que le respondí, miedo me da callar y ser cómplice de actos atroces). Con las pruebas en mano, para que ella supiera o tomara conciencia e hiciera algo por esa población, que si bien es cierto no le compete a la primera dama la SBS, pero a ella le obedecían y le “rendían cuentas”, unas muy falsas y otras no tanto, quizá por el miedo a tener llamadas de atención o ser despedidas.

Silencios cómplices, cultura del no se puede, acomodamiento, ganar tiempo para alcanzar jubilación, fue la constante de algunos y algunas trabajadoras.

Nunca fui atendida por la primera dama. Al final me quedó claro que no le interesaba esa “clase” de población y hoy lo compruebo, sigue con ella gente que se prestó a solapar ese maltrato, ese abuso y esa violencia.

Hoy quiero enviar un mensaje a quien llegue a gobernar. Las niñas, niños y adolescentes son el desarrollo de un país. Debe buscarse los mecanismos para cerrar la brecha de la niñez institucionalizada.

Ellas y ellos tienen derecho a ser parte de esta Guatemala que también les pertenece.

Decidí dejar la institución (2010) a la cual llegué (no porque el partido me haya dado trabajo), llegué por la primera Secretaria, quien fue destituida más tarde porque no les gustó su honestidad.
Así como decidí dejar la institución, también decidí dejar de pertenecer al partido en el que creí y le dedique tiempo y esperanza. Fin de la historia.

*Guatemalteca, orgullosa de conocer todo mi país; Trabajadora Social por convicción, compartiendo que debemos formular un Estado que regule y no permita que mi ambición pase por encima de tu necesidad.
Contraria  de las violencias basadas en género, amante de la naturaleza e imperfecta como la vida.
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