Una propuesta indecente

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Hace casi un mes, concretamente el 22 de noviembre, el pleno del Congreso de la república conoció una curiosa, por decir lo menos, iniciativa de ley designada con el número 5203, dicho prospecto se titula: Ley para la creación de Programas de reinserción social a ex integrantes del ejército de Guatemala.

La propuesta fue suscrita por la diputada Ana Victoria Hernández Pérez, quien preside la Comisión Legislativa de Defensa y proviene de la bancada del partido TODOS.  Junto a Hernández Pérez, también suscribieron la iniciativa la legisladora Ileana Guadalupe Calles Domínguez, del partido oficial FCN- Nación y los congresistas Eduardo Ramiro de Matta, también del FCN-Nación y José Conrado García Hidalgo, de Libertad Democrática Renovada (LIDER). La comisión de Defensa Nacional, según consta en el acta 22 2016-2017 del 8 de noviembre, dedicó media hora para conocer y debatir “profundamente” la iniciativa que Hernández Pérez afirma haber trabajado durante todo el año.

Pero, ¿qué pretenden los congresistas con su proyecto legal? ¿Acaso alguna normativa que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad democrática? ¿Alguna ley que desarrolle los principios de control civil de las fuerzas armadas? ¿Buscan crear condiciones para la desmilitarización de la seguridad ciudadana? ¿Trabajan en favor de la liberación de archivos que esclarezcan violaciones a derechos humanos? No, para nada.

En realidad, los congresistas intentan crear un mecanismo que reduzca el presupuesto del Ministerio de la Defensa en 0.5 por ciento, a fin de trasladarlo a dos organizaciones no gubernamentales de militares retirados. Concretamente a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y a la Asociación Nacional de Especialistas Jubilados del Ejército de Guatemala (ANEJUBEG). Ambas entidades administrarían los recursos en partes iguales, mismos que destinarían a programas de higiene mental, desarrollo rural, pequeñas y medianas empresas y, otros que sean necesarios según lo definan, a discreción, cada una de sus juntas directivas.

Los diputados afirman en su exposición de motivos que esta ley es necesaria pues, “Para ejecutar políticas público-efectivas de capacitación y profesionalización, así como métodos psicológicos, humanísticos y sociológicos de adaptación social y preparación laboral de los ex integrantes del Ejército de Guatemala es preciso incrementar al presupuesto asignado anualmente del Ministerio de la Defensa Nacional un punto cinco por ciento (0.5 %), a fin de fortalecer financieramente a una institución idónea para emprender programas de reorientación y adaptación a los elementos retirados del Ejército de Guatemala”. Una tarea que en realidad corresponde al Instituto de Previsión Militar (IPM), el cual, además de la cuota específica del Ministerio de Defensa recibe una partida millonaria del presupuesto del Estado.

Es decir, buscan que se incremente el presupuesto militar para, de ahí, ordeñar el 0.5 por ciento para transferirlo a dichas organizaciones. Una nueva vía que, al menos la AVEMILGUA ha encontrado para volver a recibir oficialmente recursos que provienen del presupuesto nacional. En años anteriores esta entidad ha sido favorecida con asignaciones no menores a diez millones de quetzales al año. Monto que podría ser el que recibieran de aprobarse esta propuesta legislativa.

Sin embargo, en los años en que la AVEMILGUA recibió recursos del presupuesto, nunca rindió cuentas públicas por el gasto de dinero del Estado. Amén de que utiliza como sede un inmueble otorgado en concesión por parte del Estado de Guatemala. Es decir se ahorran el pago de renta y quieren más recursos, supuestamente para cumplir con programas de reinserción social a exmiembros de las fuerzas armadas.

De hecho, esa entidad ha jugado un rol determinante en campañas de promoción de impunidad por graves crímenes y violaciones a derechos humanos cometidos por militares en ejercicio de su cargo, algunos de los cuales hacen parte de esa entidad. Más que engordar las arcas de una entidad cuestionada por su falta de transparencia y por su apoyo a la impunidad, el Congreso debe asegurar recursos suficientes para cumplir con planes efectivos de desarrollo social para la mayoría de la población.

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Iduvina Hernández

Defensora de Derechos Humanos, hija y nieta de gente honrada, convencida de que otro mundo es posible. Sobreviviente de la contrainsurgencia y excavadora de la verdad y la memoria. Como no sé nadar, por eso nado contra la corriente y, cómo pueden ver, no me he ahogado.

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